El 38% de los trabajadores españoles justifica un soborno cuando se trata de conseguir o mantener un negocio y, con ello, ayudar a sobrevivir a su empresa ante la crisis económica, lo que representa un porcentaje mayor que el de los países de nuestro entorno.
Un reciente estudio elaborado por Ernst&Young indica que España gana la partida en Europa a la hora de “saltarse las normas” con prácticas irregulares en el ámbito empresarial, ya que son justificadas por el 80% de los trabajadores.
Otro dato que revela la encuesta es la falta de confianza de los empleados en los gestores de sus empresas. En España, un 29% de los encuestados no confía en que su compañía esté libre de tener un fraude . Otro dato se refiere a la integridad y honestidad empresarial y, sólo el 23% de los trabajadores españoles apuesta por el buen hacer de su empresa, casi la mitad que el porcentaje manifestado por los europeos: un 46%.
Las empresas europeas duplican a las españolas a la hora de impulsar otras medidas, como disponer de un código de conducta y establecer los mecanismos adecuados de detección de fraude a través de auditorías externas e internas. Además, apuestan por programas de formación y concienciación entre lso empleados para evitar estas prácticas.
En cuanto a la evolución del fraude empresarial, el 64% de los empleados españoles está convencido de que éste aumentará ligera o significativamente en los próximos años, frente al 54% que así lo indica de media Europa occidental. Algunas de las razones que podrían favorecer este aumento son las presiones por asegurar la continuidadd de la empresa, los cambios en la estructura de la plantilla derivados de las reestructuraciones empresariales y la falta de honestidad de los directivos.
La encuesta también ha revelado que las prácticas irregulares no están en general mal vistas en los países europeos y el clima actual de crisis económica favorece el fraude entre la alta dirección europea. De media, en los 22 países analizados, alrededor del 69% ponen en duda la integridad de éstis, y en países como Francia e Italia, sólo el 12% pondría la mano en el fuego por un comportamiento ético de sus directivos.