La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha anunciado hoy que el Ejecutivo creará la figura de los «facilitadores de crédito», asesores que mediarán con la banca para tratar de conseguir que ésta conceda créditos a pymes y autónomos que previamente había rechazado.
Su misión, ha sintetizado, será presentar las solicitudes de este colectivo «de una manera distinta» de forma que el banco o caja le preste más atención a la situación de un colectivo que, sin ir más lejos se ha manifestado hoy en Madrid ante la falta de crédito.
En rueda de prensa, Salgado ha explicado que será el ICO el que ponga en marcha esta iniciativa, mediante convenios con las entidades financieras, muchas de las cuales, ha asegurado, están dispuestas a trabajar con estos asesores pese a que también les supondrá cierto coste ya que estarán instalados en sus oficinas, aunque también se podrá contactar con ellos a través de Internet o teléfono.
Serán las Cámaras de Comercio las que contraten a estos «facilitadores», unos setenta en principio que pueden ser trabajadores prejubilados o jubilados, aunque su sueldo lo pagará el Estado. El Gobierno prevé que estudien hasta 200.000 solicitudes de crédito, según ha apuntado la ministra, quien ha admitido que esta medida no garantiza que los préstamos lleguen finalmente a las pymes y los autónomos que utilicen este servicio, aunque sí pretende darles una nueva oportunidad.
El coste anual de la iniciativa, que se quiere poner en marcha a finales de este año y que ya existe en el ámbito privado pagando, será de diez millones de euros, y el horizonte de su duración hasta 2012. Los «facilitadores» estudiarán peticiones de crédito de hasta dos millones de euros, según ha explicado Salgado tras reconocer en una velada crítica al sector que «hay veces» en que las pymes y los autónomos ven rechazadas sus solicitudes «sin que se estudien detenidamente» antes.
Así, ha apuntado que se pretende que el banco o caja que previamente rechazó el crédito atienda ahora «razonablemente» la solicitud y en el «supuesto de que no sea así» se podría hacer la petición a una entidad diferente. También se trata de que el intermediario trate de «encajar» estas peticiones en alguna de las líneas abiertas por el ICO en colaboración con las entidades.
En este punto, las entidades, más que dificultades de liquidez que les impiden dar créditos, tienen un problema con el «coste asociado» al estudio de las peticiones para esos préstamos. Algo que la nueva figura no cambia, pero la ministra confía en que animen a los bancos y cajas a revaluar las solicitudes y acaben concediendo los créditos.
