España no sólo invierte pocos recursos económicos en I+D+i sino que además lo hace de forma ineficiente.En este terreno, un restudio desarrollado por la consultora Deloitte asegura que nuestro país ocupa el puesto 23 de 30 países a la hora de demostrar su competitividad.
El informe que fue encargado por la Cámara de Comercio de Madrid, demuestra según su presidente, Salvador Santos Campano, que » este sistema no genera el estímulo suficiente para incentivar la inversión del capital privado, que se reduce a grandes empresas».
Este estudio, titulado ‘Análisis comparativo del sistema español de I+D+i’, incluye a 24 de los 27 países de la Unión Europea (exceptuando Malta, Chipre y Luxemburgo) más Suiza, Islandia, Noruega, Turquía, Estados Unidos y Japón. Según se concluye de este documento, cuanto mayor es la inversión privada en I+D+i, mejor es la eficiencia. En este sentido, en España ésta supone el 57,1 por ciento de la inversión en este terreno, hasta 7.453 millones de euros (según los últimos datos disponibles correspondientes a 2007), mientras que el 42,5 por ciento proviene de fondos públicos.
En países como Suecia, Alemania, Finlandia o Japón los sistemas nacionales de I+D+i cuentan con una participación del capital privado de entre el 65,7 por ciento y el 69,7 por ciento, mientras que en Suiza, el 100 por cien de la inversión es privada.
«En un contexto de crisis y alta competitividad, la urgencia de profundizar e implementar las recetas aprendidas es apremiante», señaló Santos Campano al tiempo que recomendó aplicar estrategias que funcionan en países líderes de la innovación.
El estudio demuestra que las economías menos fuertes «dan ejemplo». Así, países como Turquía, Rumania y Portugal demuestran «saber utilizar los recursos que pueden dedicar a I+D+i de forma mucho más eficiente que el resto de países analizados». En concreto, estos tres países consiguen resultados 100 por cien eficientes en lo que se refiere a generación de derechos de propiedad intelectual, mientras que España apenas alanza un 41 por ciento en este capítulo.
Para el presidente de la Cámara de Comercio madrileña, esto demuestra que «la eficiencia de la inversión destinada al I+D+i no depende del tamaño del Producto Interior Bruto (PIB) de una economía ni del presupuesto público que destina a la Investigación, Desarrollo e Innovación».
El análisis que ha practicado la consultora para medir la eficiencia global de los modelos de I+D+i de los 30 países analizados ha tenido en cuenta el importe invertido en los distintos sistemas nacionales de I+D+i (recursos financieros o de capital), y también ha recogido otras tres variables: los recursos humanos dedicados a este esfuerzo, los que generan derechos de propiedad intelectual y los que generan aplicaciones tecnológicas.
Sin las pymes no es posible
Según Santos Campano, la única política que permite hasta la fecha a las pymes mantener una participación paritaria con las grandes empresas «es en el ascenso a las deducciones fiscales por actividades de I+D+i, deducciones que ahora están en entredicho».
No obstante, la deducción de la que se han beneficiado las pymes, estimada del análisis de los proyectos objeto de informes motivados por este concepto, es de 222,7 millones de euros, «y parece irrelevante comparada con los 9.662 millones de euros que registraba la partida 46 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2007″.
«La reciente decisión del Gobierno de Zapatero de no suprimir los estímulos fiscales a la inversión productiva es lo más prudente, especialmente porque a mediados de 2010 se producirá la temida subida de impuestos para aliviar el déficit público» expresó Santos Campano añadiendo que es necesario «recuperar ciertas deducciones fiscales por actividades empresariales de I+D+i actualmente desaparecidas, como las que se dirigen a países ajenos a la UE-27».