El Gobierno ha aprobado finalmente la disposición final de la Ley de Economía Sostenible que contiene la normativa antidescargas. El proyecto irá ahora al Parlamento y a los órganos consultivos antes de su entrada en vigor, que no se espera hasta después del verano como mínimo.
Según la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, esta normativa afectará a entre cien y doscientas páginas de descarga ilegal y no tienen como objeto cerrar blogs personales. Según comentó la ministra: «Hablamos de una página que se lucra y perjudica a alguien porque explota un producto para el que no tiene licencia ni contrato de ningún tipo y eso no tiene nada que ver con un blog que cita un fragmento o pone un videoclip de una canción».
González-Sinde apuntó que «este no es un trabajo que pueda acometer ningún ministerio solo», y es que de hecho ha trabajado coordinada en todo momento con los titulares de Industria, Justicia e Interior y con la Fiscalía. La comunidad internauta, que lógicamente está en contra de esta nueva ley, no ha tardado en pronunciarse y considera la normativa como un recorte de las libertades civiles.
Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, ha sido uno de los primeros en expresar su opinión asegurando que «ñla disposición es un atajo para sortear un asunto ante el que la justicia española está preparada para responder sin la necesidad de una Comisión antipiratería. Pedimos que se elimine la disposición y que se desarrolle una nueva regulación mediante una ley orgánica propia en condiciones».
La Asociación de Internautas, blogueros, juristas y organizaciones de usuarios se han reunido hoy para analizar y dar una respuesta al plan «antipirateria» del Gobierno, quienes han calificado que el cierre o bloqueo de páginas de descargas ilegales «nos acerca hacia el secreto administrativo de la época franquista».
Sin prisa pero sin pausa la Asociación ha creado un grupo de trabajo y según han informado a los medios, el lunes o martes adoptarán una ruta de trabajo concreta.
