Sábado , 3 diciembre 2016 Impresion Pyme
  • 2010, año de lucha contra la economía sumergida

    La lucha contra la economía sumergida es uno de los principales retos que el Gobierno seha marcado en el Plan General de Control Tributario de 2010. En este ámbito, los órganos de inspección reforzarán su actividad de control.

    Uno de los sectores a los que se prestará especial atención será al inmobiliario, ya que a pesar de que la actual situación económica haya supuesto un gran descenso de su actividad, durante el año pasado se siguieron produciendo importantes operaciones inmobiliarias con resultados económicos “muy relevantes”.

    Las áreas prioritarias de actuación en 2010 atenderán especialmente a aquellos ámbitos y actividades donde la situación económica pueda originar un cambio de conducta en los obligados tributarios hacia situaciones de fraude fiscal, estableciendo mecanismos de prevención y control adecuados para evitar tales comportamientos.

    De esta forma, otro de los objetivos será mantener como elemento esencial en la lucha contra el fraude fiscal, la existencia de equipos o unidades de inspección dedicados a la identificación de las formas más graves y complejas del fraude, así como a la elaboración de propuestas de actuación dirigidas a su represión.

    Así, se destaca el papel de la interposición de denuncias con la mayor rapidez posible cuando se aprecien conductas ilícitas, lo que otorga gran importancia a la investigación de estructuras fiduciarias consistentes en entramados societarios creados para evadir impuestos y blanquear capitales y al uso de paraísos fiscales.

    De la misma forma, se mantendrá la coordinación de actuaciones respecto a centros de planificación que comercialicen productos dirigidos a la defraudación fiscal, así como a aquellas prácticas financieras que pueden propiciar la opacidad de cuentas u operaciones.

    También se controlarán las operaciones realizadas con dinero en efectivo de alta denominación y se luchará contra las tramas de fraude en el ámbito del IVA que grava las operaciones intracomunitarias, incidiendo, especialmente, en la compraventa de derechos de emisión, reducciones certificadas de emisión y unidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

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