Apenas han pasado unos días de la polémica sobre la edad de jubilación, cuando el Gobierno ha abierto un nuevo frente, y tiene previsto ampliar el período de cálculo de la pensión, pasando desde los 15 actuales, hasta un total de 25.
Aunque formalmente la ampliación del periodo de cálculo de la pensión a 25 años no figura en el documento de propuestas para la reforma de la Seguridad Social que presentó el pasado viernes, el Ejecutivo sí reconocía que el actual sistema de 15 años perjudica a los despedidos al final de su vida laboral.
Elena Salgado, admitió abiertamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes que el Gobierno cree que una de las líneas de actuación de la reforma de pensiones debería ser la de ampliar el periodo de cálculo porque el actual periodo, 15 años, no beneficia a los que se quedan en el paro al final de su vida laboral.
En sus propuestas en materia de pensiones, el Ejecutivo sugiere la puesta en marcha de «reformas paulatinas, con periodos transitorios prolongados» que permitan la mejora de la equidad del sistema y eviten los «agravios» que sufren los trabajadores despedidos en el último tramo de su vida laboral ante la «excesiva concentración de los procedimientos de cálculo de la pensión sobre estos últimos años».
«Debe fijarse un procedimiento de cómputo de la pensión de jubilación (en periodos, bases, etc.) que no penalice a los trabajadores despedidos al final de su vida laboral y que garantice en términos crecientes la equidad interna del sistema y la correspondencia entre cotización efectuada y prestaciones», subrayaba en el documento.
El Gobierno daba a entender además que las reformas a aplicar en este campo no deberían procurar la existencia de sistemas alternativos para el cálculo de las prestaciones, pues eso llevaría a los trabajadores a elegir el que más les convenga sin que la Seguridad Social gane en equidad real.
Tres medidas impopulares
Ampliando el periodo de cálculo de la pensión hasta 25 años, retrasando la edad de jubilación dos años y elevando también en dos años el número mínimo de años de cotización exigidos para tener derecho a la pensión, el gasto en pensiones podría reducirse hasta casi cuatro puntos del PIB a partir de 2030 si dichas medidas se pusieran en marcha a lo largo de la década de 2020. Al menos eso son los cálculos que maneja el Ejecutivo.
En concreto, en el programa de estabilidad 2009-2013 que ha remitido a Bruselas, el Gobierno español calcula que cada año de retraso en la edad legal de jubilación reduciría el gasto en pensiones en un punto del PIB.
Pero, además, por cada año que se ampliara el número mínimo de años cotizados para obtener una pensión, se produciría un ahorro adicional de dos décimas del PIB. Si a esta ecuación se le sumara un incremento en el periodo de cálculo de las pensiones, medida a la que el Ejecutivo es favorable, el gasto en pensiones se reduciría aún más.
