CEOE y Cepyme ha propuesto al Gobierno adoptar hasta 125 medidas orientadas a reducir las cargas administrativas, estimando que de esta forma se podría producir un ahorro para las empresas de hasta 3.026 millones de euros al año.
Esta propuestas se enmarcan en el Informe 2009, correspondiente al convenio de colaboración entre CEOE-Cepyme y el Ministerio de la Presidencia, presentado este martes por la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, y el secretario general de la CEOE, José María Lacasa.
Lacasa puso en valor el efecto que estas medidas tendrían sobre la economía de las empresas, al que habría que añadir además «los ahorros simultáneos» que supondrían para las administraciones públicas.
Estas 125 medidas incluyen 44 iniciativas de carácter general, centradas entre otras en las áreas de impuestos, contratación pública y laboral y de Seguridad Social, y otras 81 referidas a ámbitos sectoriales, como el sector financiero y de la construcción.
Concretamente, algunas de estas medidas apuntan, por ejemplo, a eliminar la hoja de control de clase de las autoescuelas, que deben firmar alumno y profesor, lo que supondría ahorrar anualmente 7,3 millones de euros, más los posibles 600 euros de multa que pueden derivarse de una inspección rutinaria.
Además, los empresarios proponen racionalizar la ficha de entrada de viajeros en hoteles, conectando los hoteles directamente con las comisarías y la Guardia Civil a través de un lector de DNI o Pasaportes, que supondría un ahorro de 40,3 millones de euros al año.
Asimismo, el informe detalla que elevar de 3.000 a 6.000 euros el límite inferior para la presentación de operaciones con terceros a la Agencia Tributaria permitiría un ahorro anual de 235,6 millones de euros y beneficiará singularmente a las pymes.
Por su parte, la secretaria de Estado para la Función Pública aprovechó su primera intervención pública en el cargo para mostrar su buena disposición al diálogo con los empresarios para poder lograr una administración «más accesible y ágil».
En este sentido, aseguró que trabajará codo con codo con las organizaciones empresariales para reducir cargas administrativas que, en muchas ocasiones, son «redundantes, obsoletas e innecesarias» y que restan competitividad a las empresas. Ahora bien, advirtió de que «no se trata de una desregulación, sino de regular mejor».
Dicho esto, Rumí recordó que el Gobierno se ha propuesto el «ambicioso objetivo» de reducir las cargas administrativas en un 30% hasta 2012, cinco puntos porcentuales por encima del objetivo de la UE, para que las empresas puedan emplear esos recursos en gasto para la innovación y el impulso de la competitividad.
Además, Rumí destacó que el Ejecutivo ya ha puesto en marcha actuaciones y proyectos que pretenden lograr un ahorro de hasta 10.000 millones de euros.
