De todos modos, esta modificación podría ser efectiva antes de que concluya este año si se llega a un acuerdo con los partidos en el Congreso de los Diputados, algo que en cualquier caso, parece poco probable.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, afirmó ayer que prevé que el 1 de enero de 2011 entre en vigor la modificación de la ley antitabaco que prohibirá fumar en los espacios públicos cerrados de España, y que el Gobierno no dará ayudas a aquellos locales que precisen ser reformados.
Jiménez explicó que la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados tratará en junio la propuesta del Gobierno de modificación de la ley antitabaco de 2005, y que su intención es alcanzar el «máximo consenso» con todos las formaciones políticas.
Todos partidos con representación parlamentaria ya disponen de un resumen de los aspectos principales que propone esta reforma, ha comentado la ministra. En este sentido, los hoteles y hostales podrán en el futuro seguir reservando un porcentaje de sus habitaciones a clientes fumadores, según plantea el Gobierno en el referido borrador.
Aunque el objetivo fundamental de la propuesta de reforma es ampliar la prohibición total de fumar a todos los espacios públicos cerrados, se mantendrá la posibilidad de fumar en espacios públicos abiertos, tales como terrazas o estadios deportivos.
Por otro lado, el Ejecutivo sí plantea la posibilidad de que los locales autorizados puedan vender tabaco, aunque esté prohibido fumar en ellos, para no perjudicar la economía actual de esos establecimientos de hostelería.
La reforma hace especial hincapié en el derecho a la protección de la salud de los trabajadores de la hostelería y de los menores de 18 años. Se recuerda en el argumentario elaborado por Sanidad que en España mueren cada año alrededor de 50.000 personas por enfermedades derivadas del consumo de tabaco, una cifra mayor que el conjunto de fallecidos por accidentes de tráfico, sida y consumo de drogas ilegales.
Jiménez ha señalado que una ley de estas características ya está en marcha en países como el Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Argentina, Chile, México, Uruguay, Siria o Turquía, y en «ninguno de estos lugares ha pasado nada, ni ha habido efecto negativo alguno».
