El Gobierno espera que este paquete de medidas sirva para reducir el gasto público en 5.250 millones en 2010 y en 10.000 millones el próximo año, lo que supone 1,6 puntos del PIB y debería permitir acelerar así la senda de consolidación fiscal, como ha demandado Bruselas.
El Consejo de Ministros aprobó este jueves el Real Decreto de medidas de ajuste del déficit, que incluye un recorte de las retribuciones de los funcionarios del 5% de media y una congelación de las pensiones, salvo las mínimas.
En concreto, la rebaja salarial de los funcionarios oscilará entre el 0,5% y el 7% dependiendo del nivel de ingresos del grupo profesional y afectará a todo el personal de todas las Administraciones Públicas.
Para los altos cargos, la reducción se aplicará en una horquilla de entre el 8% y el 15%. Todas estas medidas se aplicarán a partir de las nóminas de junio y hasta el mes de diciembre (sin afectar a la paga de junio, pero sí a la de septiembre). Tras este recorte, los salarios públicos quedarán congelados en 2011.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció que «no ha sido una decisión fácil de tomar para el Gobierno», que, dijo, «también es consciente de que no es fácil de aceptar». «Confiamos en la comprensión de todos porque son medidas necesarias e imprescindibles, las que un Gobierno responsable tenía que afrontar pensando en el fututo de todos», añadió.
Sobre las pensiones, la vicepresidenta primera garantizó el poder adquisitivo para 2010, con su revalorización si el IPC de noviembre supera el 1% establecido, dado que la congelación será efectiva en el próximo año.
Las nuevas medidas del Gobierno incluyen también la eliminación de las prestación por nacimiento de 2.500 euros (‘cheque-bebé’) a partir de 2011, el recorte de los salarios de los miembros del Gobierno en un 15% y la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial que se aprobó en 2007, lo que supone adelantar el acuerdo en el marco del Pacto de Toledo, que preveía su entrada en vigor para el 1 de enero de 2013.
Otras medidas irán encaminadas para reducir el gasto farmacéutico, empezando por reducir el precio de medicamentos no genéricos excluidos del sistema de precios de referencia, de manera escalonada, entre un 10 y un 15%, teniendo en cuenta el año de registro de los medicamentos.
