El Gobierno ha cerrado las negociaciones con los agentes sociales para pactar la reforma laboral, después de que la última reunión a tres bandas finalizara sin acuerdo, por lo que aprobará finalmente la reforma vía decreto el próximo miércoles 16 de junio.
Durante el encuentro, que duró más de diez horas, Gobierno, empresarios y sindicatos no consiguieron acercar unas posturas distanciadas desde hace meses y perdieron la oportunidad de sacar adelante una reforma pactada.
En la última reunión se constata que no hay posibilidad de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, por lo que la negociación con los agentes sociales queda finalmente cerrada. Aún así, el Gobierno se ha comprometido a elaborar un documento que incluirá las líneas principales del decreto y que enviarán a empresarios y sindicatos el viernes al mediodía.
Durante la tarde del viernes, celebrará reuniones de consulta y opinión con los sindicatos y con la CEOE, que, en este caso y a petición de los empresarios, se celebrarán por separado. La petición de la patronal pone de manifiesto la distancia que separa a los agentes sociales sobre las principales líneas que debe incluir una reforma que se someterá ahora al examen de los grupos parlamentarios.
Una vez más han sido las diferencias sobre el abaratamiento del despido las que han vuelto a complicar un acuerdo que finalmente ha fracasado tras dos años de desencuentros. De hecho, fuentes sindicales aseguraron que han sido las posiciones maximalistas de la CEOE las que han impedido el acuerdo.
Ésta es la segunda vez en esta legislatura que fracasa el proceso de diálogo sobre la reforma, ya que el pasado mes de julio se rompieron también las negociaciones ante la insistencia de la patronal por reducir cotizaciones sociales. Tras el nuevo fracaso, el Ejecutivo tendrá que empezar a buscar el apoyo de los grupos políticos para sacar adelante la reforma en el Congreso, sólo unas semanas después de que consiguiera dar ‘luz verde’ al decreto antidéficit por un solo voto de diferencia.
Además, el Gobierno corre el riesgo de tener que hacer frente a una huelga general, ya que los sindicatos llevan semanas advirtiendo de que si la reforma lesiona los derechos de los trabajadores con medidas como el abaratamiento del despido convocarán una movilización de este tipo.
Un despido más barato
La música del decreto que tendrá que elaborar el Ejecutivo va en esa dirección, puesto que previsiblemente planteará que los despidos en empresas en crisis puedan tener una indemnización de 20 días, en lugar de los 45 días que acaban pagando normalmente los empresarios.
De la misma forma, el Gobierno podría facilitar el despido por causas objetivas, de 20 días, basado en razones económicas, tecnológicas y organizativas, y extender el contrato de fomento del empleo estable, de 33 días de indemnización por despido improcedente, frente a los 45 días de los indefinidos ordinarios.
La idea del Ejecutivo sería la de universalizar este contrato, de forma que pudiera hacerse a todos los colectivos (ahora están excluidos los varones de 30 a 45 años).
Asumir parte del coste
Una de las novedades planteadas en la reunión de esta madrugada ha sido la posibilidad de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asuma el pago de ocho días en las indemnizaciones por despido.
Esta propuesta, que abarataría el coste del despido para los empresarios y no para los trabajadores, sí cuenta con el visto bueno de los empresarios y de los sindicatos porque no supone una pérdida de derechos.
El modelo alemán, que permitiría combinar la reducción de jornada con compensaciones externas, y el modelo austriaco, basado en la creación de un fondo nominal, nutrido con aportaciones empresariales, que el trabajador podría cobrar al ser despedido o guardar para más adelante si cambia de empresa, son otros asuntos que podrían formar parte del decreto del Gobierno.
