El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de Economía Social, que será enviado al Congreso de los Diputados con el objetivo de convertirse en una norma que unifique el marco jurídico de este sector.
Según ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la norma «reconoce y mejora la visibilidad de este sector», que es responsable del tres por ciento de Producto Interior Bruto español y emplea a 1,3 millones de personas.
Fernández de la Vega ha asegurado que «la ley reconoce la importancia de las asociaciones de la economía social» y «mejora su visibilidad», dando «respuesta a una demanda histórica del sector, proporcionándole una mayor seguridad jurídica desde el respeto a la diversidad de las entidades que lo conforman».
En este sentido, el proyecto de ley incorpora la creación del Consejo para el Fomento de la Economía Social, órgano asesor de carácter consultivo para las actividades relacionadas con el sector, en el que estarán representadas paritariamente las Administraciones públicas y las entidades de la economía social.
Conforme ha explicado el Gobierno, las entidades participarán mediante la confederación intersectorial que sea más representativa y aquellas que sin estar integradas en ella, tengan un peso importante en el sector. Asimismo, participarán cinco expertos «de reconocido prestigio».
Esta norma afectará directamente a las empresas de inserción social, los sentros especiales de empleo, las fundaciones sociales, laborales, etc., las sociaciones de discapacitados, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, así como a las cooperativas, mutualidades de previsión social y las sociedades laborales.
En cuanto a la representatividad, el proyecto de Ley reconoce «la importancia de la existencia de asociaciones que representen a la Economía Social» y da un «papel destacado» a las Confederaciones Intersectoriales de ámbito estatal, es decir, aquellas que agrupen a la mayoría de tipos de entidades como las reflejadas con anterioridad.
Asimismo, deberán tener al menos, el 25 por ciento del total de las entidades o empresas asociadas directamente o a través de organizaciones intermedias de las confederaciones de economía social que concurran al procedimiento de representatividad y reunir al 15% de entidades asociadas a las diferentes organizaciones de cada tipo señalado. No obstante, los criterios se desarrollarán reglamentariamente, según ha informado el Gobierno.
