La nueva prestación, que prosperó pese a la oposición del PSOE, tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2009 y se destina a aquellos trabajadores cuya media de ingresos familiares por persona no supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
El Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva el proyecto de Ley que establece un sistema específico de protección por cese de actividad a los trabajadores autónomos, incorporando una enmienda de CiU que crea una nueva prestación no contributiva de 425 euros mensuales.
Asimismo, se establece que el Gobierno, en el plazo de tres meses, deberá fijar el desarrollo reglamentario para la entrada en vigor de esta ayuda, que estaría vinculada al «compromiso de la búsqueda activa» de ocupación por parte del beneficiario, con la realización de un mínimo de 180 horas de formación, y además sería compatible con las ayudas concedidas por las comunidades autónomas.
Aunque el PSOE estuvo cerca de cerrar un acuerdo con el PNV para lograr ‘tumbar’ la enmienda, hasta el punto de que el portavoz de Trabajo de los nacionalistas vascos, Emilio Olabarria, anunció en el Pleno su rechazo a la medida por introducir «confusión» con el régimen contributivo creado por la nueva ley, finalmente esta formación votó en contra de los socialistas.
El diputado ‘popular’ José Eugenio Azpiroz defendió que la propuesta pretende remediar una «discriminación» en contra de los autónomos, aunque señaló que no le «gusta» su retroactividad a 2009 y aseguró que propuso un acuerdo al ministro de trabajo, Celestino Corbacho, para corregir esta cuestión que, aseguró «sólo tuvo la callada por respuesta».
Para el socialista Pedro Sánchez, esta medida es «contradictoria» con el nuevo sistema de prestaciones contributivas creado por la nueva ley e incluso lo pone «en riesgo». Los socialistas temen que los autónomos prefieran recibir la nueva ayudas de 425 euros antes que cotizar para costear la prestación por cese de actividad, cuya duración es entre dos meses y un año, con un importe mínimo de 584 euros mensuales. No obstante, para disfrutar seis meses de esta prestación, estarían obligados a cotizar entre 36 y 42 meses.
Asimismo, destacan el coste que podría suponer esta nueva medida, ya que según los cálculos del Ejecutivo unos 26.252 autónomos se beneficiarían de la nueva ley sólo durante 2011. Pero es que la nueva prestación no contributiva, similar en su importe a la de los 426 euros que perciben los asalariados que han agotado prestaciones y subsidios, se dirige a los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad a partir de 1 de enero de 2009.
CiU logró introducir además otra enmienda que reduce de 18 meses a un año el plazo de espera desde el disfrute de una prestación hasta el acceso a la siguiente, para acercarse al Régimen General de trabajadores por cuenta ajena, una modificación también rechazada por el PSOE en el Senado, aunque se mostró dispuesto a rebajarla como mucho hasta 15 meses, si bien podría asumirla como propia en el marco de la negociación que mantiene con la federación catalana.
