Las nuevas medidas, adoptadas por el gobierno en relación a la eliminación de la obligatoriedad del pago de las cuotas empresariales a las Cámaras de Comercio, pueden suponer que dichos organismos reduzcan en un 60% sus ingresos.
Según las cámaras esto afectará más de medio millón de pymes que cada año se benefician de programas de apoyo en base a los ingresos que ya no recibirán por la supresión. También han informado que serán las grandes empresas las más beneficiadas.
Algunos de los programas de apoyo que se verán afectados y recortados son los que promuevan la internacionalización de las pymes, creación de nuevas empresas y formación profesional, según han advertido las propias Cámaras.
Merece destacar el hecho de que más del 76% de los ingresos de las Cámaras proviene de las cuotas del 2,64% de las empresas, es decir, de las más grandes. Por lo que, se podría decir, que realmente la supresión de la obligatoriedad, beneficiaria a las grandes empresas y perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas, ya que son las que más necesitan los programas de apoyo.
Por otro lado, existe un problema en las medidas adoptadas en cuando a la inmediatez de la supresión de las cuotas, ya que las cuotas correspondientes a un determinado ejercicio económico, se pagan meses más tarde de la finalización del periodo.
Elena Salgado, vicepresidenta económica, explicó en la rueda de prensa el pasado viernes que a partir de este momento, tanto autónomos como pymes que facturen menos de diez millones de euros, no tendrán que pagar ningún recibo más a las Cámaras, pero el resto de empresas si deberán abonar las cuotas correspondientes a al ejercicio económico correspondientes a 2010 (que se paga en julio). El asunto se complica más aún, cuando algunas cuotas se extienden hasta 2012 en empresas con volumen de facturación superior a 10 millones de euros.
Salgado afirmó que la supresión de la obligatoriedad de las cuotas no alteraría las funciones de las Cámaras, ni suprimiría sus ingresos. Esto según el Consejo Superior es incompatible a no ser que dichos ingresos de las cámaras se paguen de fondos públicos, es decir, que todos los ciudadanos lo paguen con sus impuestos.
