El PSOE ha decidido acelerar la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Economía Sostenible, que llegó al Congreso en primavera y al que los grupos ya presentaron más de mil enmiendas el pasado mes de septiembre.
En este sentido, se prevé que el PSOE imponga su mayoría en la Comisión de Economía del próximo martes con la idea de remitir el texto al Senado. La propia Elena Salgado ha asegurado a los medios de comunicación que con casi toda seguridad el texto se aprobará la próxima semana.
Aunque la vicepresidenta ha hablado de que existe consenso acerca de esta tramitación precipitada, los grupos minoritarios ya expresaron sus quejas. Desde IU-ICV aseguran que no habían sido consultados y manifestaron su sorpresa por las «prisas» de Economía.
Para tratar de evitar esta sorpresiva aceleración de los trámites parlamentarios, IU-ICV anunció la presentación de un escrito pidiendo la «avocación a Pleno» del proyecto con el fin de que, tras su paso por la Comisión de Economía, el dictamen se eleve a sesión plenaria para celebrar un nuevo debate.
Esa petición ha de ser aprobada por el Pleno del Congreso y, en caso de prosperar, retrasará la remisión del proyecto al Senado, ya que antes habría que debatirlo en el Pleno previsto para mediados de enero.
También el PP ha expresado su disconformidad por este acelerón urgente, que atribuye a que los socialistas quiere asegurar cuanto antes los pactos que tiene apalabrados con los nacionalistas. «Quieren una tramitación urgente y acelerada que impide pactos salvo los que ya tienen», ha denunciado Alvaro Nadal, uno de los portavoces económicos del Grupo Popular.
A su juicio, ha sido el Gobierno el que ha impuesto este cambio de ritmo y todo se ha hecho «deprisa y corriendo y de manera bastante torpe».
La Ley de Economía Sostenible (LES) recoge múltiples disposiciones sobre una amplia variedad de asuntos. Entre ellos figura la disposición promovida por el Ministerio de Cultura de Ángeles González Sinde contra las páginas de descargas ilegales (conocida como ‘Ley Sinde’), un asunto sobre el que la propia Salgado ha reconocido que aún no hay acuerdo.
