Las Cámaras de Comercio han decidido plantar cara al gobierno para buscar la nulidad del Decreto-Ley del pasado 3 de diciembre que suprimía la obligatoriedad del pago de las cuotas camerales por parte de las empresas.
Con el apoyo de 88 instituciones camerales se está planeando un contencioso contra el decreto del Gobierno para presentarlo al Tribunal Supremo. Dicha cuota supone el 60% de los ingresos anuales de las Cámaras de Comercio.
Según los responables de las Cámaras, la supresión del pago obligatorio constituye una violación constitucional ya que éstas se reconocen como instituciones públicas. En el mismo sentido, las Cámaras se oponen a otras leyes para el desarrollo de dichos organismo, así como a las leyes del gobierno que fijan la cuota cameral en los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, los dirigentes de las Cámaras no guardan mucha esperanza para que la iniciativa judicial prospere, por lo que por otro frente, se encuentran en vías de negociación para intentar que se prorrogue, al menos por un año, el pago obligatorio de dichas cuotas.
Según el presidente del Consejo Superior de Cámaras, Javier Gómez-Navarro, el Decreto-Ley perjudicaría gravemente la existencia de las Cámaras de Comercio, «sin un periodo de adaptación, será difícil que sobrevivan el 50% de las Cámaras», por ello, se quiere retrasar la supresión para asegurar de alguna manera su supervivencia.
Por último, cabe destacar que desde los círculos del PSOE próximos al Ejecutivo, se rumorea que la eliminación de la cuota, fue una petición expresa por parte de los grandes empresarios españoles cuando se reunieron con Zapatero el pasado 27 de noviembre. Los comentarios podrían verse justificados al conocer las declaraciones del actual dirigente de CEOE, durante la Asamblea Electoral, «No estamos a favor de que haya ninguna cuota obligatoria en ninguna organización»
