El Gobierno aprobará este viernes el proyecto de Ley del Juego que entre otras cosas, recoge novedades como la cesión de competencias financiación proveniente de los nuevos impuestos sobre el juego ‘online’ a las comunidades autónomas.
El último borrador del proyecto de Ley del Juego establece una regulación negocio del juego en España que incluye nuevos impuestos y salvaguardas para colectivos más sensibles, como los menores o las personas con ludopatía.
En el borrador de anteproyecto que estudió el Consejo de Ministros en septiembre de 2010, el Gobierno recuperaba para el Estado competencias en materia de juego que actualmente están en manos de las comunidades autónomas. Además, otorgaba a la nueva Comisión Nacional del Juego capacidad de tomar decisiones que también forman parte de las competencias autonómicas, lo que generó «mucha tensión» entre los responsables autonómicos, según han explicado a Europa Press fuentes del sector.
No obstante, en una reunión celebrada el jueves pasado, en la que intervinieron representantes de las comunidades autónomas y del Gobierno, el Ejecutivo decidió quitar algunas competencias que había otorgado a la Comisión Nacional del Juego en favor de las comunidades autónomas, y les ha entregado a éstas casi la totalidad de lo recaudado con los nuevos impuestos que van a gravar las apuestas ‘online’.
Concretamente, en el último borrador del proyecto de Ley se plantea un modelo similar al del sector energético, en donde existe una Comisión Nacional de la Energía (CNE), que supervisa la actividad de los operadores, pero que no tiene capacidad para fijar la política energética, que depende del Gobierno. De esta manera, en el sector del juego convivirá un órgano supervisor, la Comisión Nacional del Juego, con una Conferencia Sectorial, en el que estarán presentes las CC.AA. y el Estado, y será una órgano más político.
Así, frente a la primeras propuestas del Ejecutivo, en las que la Comisión Nacional del Juego era un órgano que reunía todas estas competencia, en la última propuesta del Gobierno, ese órgano competirá competencias con la Conferencia Sectorial, que será la que se encargue de aprobar nuevas modalidades de juego o modificar la fiscalidad sobre los tipos de apuestas, entre otros temas.
Además, mientras que en los primeros borradores el Ejecutivo barajaba un futuro en el que el Estado y las comunidades autónomas se repartían al 50 por ciento lo recaudado por los nuevos impuestos a las apuestas ‘online’, el Ejecutivo ha decidido finalmente entregar la mayoría de esa recaudación a las autonomías.
Así, cada comunidad autónoma recaudará los impuestos generados por los usuarios que apuestan desde su territorio, cualesquiera que sea la página web en que se meta, siempre que tenga licencia para operar en España. Mientras, el Estado recaudará lo generado por los usuarios que jueguen en páginas web de operadores con licencia en España desde fuera del territorio español.
