El plan del Gobierno para permitir el juego online en España consistirá en la entrega de licencias por concurso a 5 compañías para que puedan explotar legalmente este tipo de negocio.
Toda la información viene comprendida en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, adjunta al proyecto de ley. En cuanto a la duración de las licencias, se sabe que será de 15 años prorrogables durante otros 15 años más.
Sin embargo, en dicha memoria se remarca que «tanto la reserva de la actividad de juego de loterías» a Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE, «como el establecimiento de un sistema de licencias y autorizaciones previas para desarrollar las actividades de juego no reservadas, suponen una restricción a la competencia ya que limitan el número de operadores que pueden competir en dicho mercado».
Esta limitación a la explotación de este tipo de negocio queda argumentada por el Ejecutivo de la siguiente manera, «esta limitación obedece a la necesidad de proteger la salud pública, luchar contra el fraude y prevenir las actividades delictivas». Y señala que la protección se fundamenta «en la protección del consumidor y el mantenimiento del orden público y social».
Las licencias serán entregadas por la nueva Comisión Nacional del Juego (CNJ) tras los cursos públicos mencionados. Las empresas participantes deberán cumplir unos requisitos que vendrán reflejados en el proyecto de Ley del Juego, donde por otra parte incluye un plan operativo que tenga en cuenta los principios del juego responsable, la formación de empleados, los canales de distribución o el diseño de juegos.
De forma importante, aparece en el proyecto de Ley, un nuevo tipo de impuesto del juego, que gravará en las apuestas en línea en nuestro país sobre los ingresos netos de estos alrededor de cinco operadores, en concreto quedará fijado a un tipo impositivo del 25% sobre ingresos netos en la mayoría de tipologías de apuestas.
