Domingo , 4 diciembre 2016 Impresion Pyme
  • La OIT cuestiona las demandas de la CEOE

    Cuando tanto sindicatos como patronal se encuentran enfrascados en una negociación colectiva para la cual no se ve un fin claro, un nuevo actor, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) asegura que el principal problema que sufre nuestro país, es que la inflación durante los últimos años, fue muy superior al ritmo de crecimiento de los salarios. De hecho a través de su director de Estudios Laborales, Raymond Torres, se señala que en nuestro país “no existe un problema de salarios a nivel global”.

    En la presentación del informe ‘Promover la creación de empleos de calidad de España’, Torres señaló que la pérdida de competitividad de las empresas ha venido del lado de la inflación y no de los salarios reales, porque durante los tiempos de bonanza apenas subieron los sueldos mientras que sí lo hizo la inflación.

    Y este dato resulta especialmente significativo porque en la negociación que mantienen sindicatos y empresarios, la patronal ha pedido desligar “totalmente” los salarios de la inflación, vinculándolos en cambio a los resultados financieros de las empresas.

    Raymond Torres pidió asimismo una “reflexión” a nivel europeo sobre las diferencias en las remuneraciones de los trabajadoressobre los que están recayendo los recortes, y los sueldos de los directivos del sector financiero.

    Por otro lado la OIT considera que la reforma laboral no ha servido a la hora de reducir el uso del despido improcedente, por lo que “existe el riesgo de que se continúe utilizando” esta modalidad y de que se sigan evitando los procedimientos judiciales.

    El estudio concreta que el llamado despido ‘express’, con una indemnización de 45 días por año, se ha abaratado, hasta los 33 días por año, a lo que se suma que las empresas consideran la nueva definición de las causas económicas del despido procedente “ambiguas”.

    Pare revertir esta situación e impulsar el paso de los despidos por los juzgados, sugiere que el Gobierno debe “acelerar los procedimientos judiciales aplicando un conjunto adecuado de incentivos, tales como la racionalización de los trámites burocráticos, incrementando el número de jueces cuando el retraso es elevado”.

     

     

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