La crisis se está cebando con los más débiles, entre ellos, los autónomos. En España hay más de 3 millones de personas que trabajan por cuenta propia y ven como las Administraciones públicas y el Gobierno les dan la espalda. De hecho, el Ejecutivo decidió no dar luz verde a una propuesta que pedía que los autonómos no tuvieran que pagar el IVA de las facturas impagadas.
Cada trimestre llega el papeleo para los autónomos en forma de declaración del IVA. El cálculo de este impuesto se basa en el Impuesto sobre el Valor Añadido que se establece en las facturas que los trabajadores por cuenta propia tienen que emitir a sus clientes. Cada 3 meses, los autónomos tienen que pagar a la Administración ese impuesto que luego es devuelto en la Declaración de la Renta.
Hasta aquí podemos decir que todo es normal. Sin embargo, los autónomos también tienen que pagar el IVA de las facturas impagadas, esto es, los trabajos que aún no se han cobrado. Así, teniendo en cuenta que el índice de morosidad sube a pasos agigantados, el pago del IVA se puede convertir en un calvario para este colectivo.
Administraciones, principales morosas
Según el «Índice de Riesgo 2011» realizado por Intrium Justitia, las pérdidas por impagos en España alcanzan un total de 28.630 millones de euros. Una cifra que afecta especialmente al 63% de los autónomos, uno de los colectivos más afectados por la crisis económica y la bajada del consumo en España.
La administración pública representa una de las lacras que más afecta al sector, según denuncia la mayor patronal de autónomos (ATA). De hecho, el 95% de los impagos de facturas de estos trabajadores corresponden a Administraciones. Si lo traducimos a dinero estamos hablando de 12.000 millones de euros que debe la Administración.
Pero la situación no es ideal para los autónomos que reciben dinero de los entes públicos. Cuando la Administración se digna a pagar lo hace en una media de 153 días, frente a los 65 días de la media europea. Con estos plazos las Administración incumplen en un 95% la Ley de Morosidad de 2010 que fijaba para 2011, el cobro en un máximo de 50 días.
Con este panorama, la ATA asegura que los trabajadores por cuenta propia han tenido que pagar 1.500 millones por el IVA aplicable a dicha facturación, pese a no haber cobrado un céntimo. «Hacienda se financia con el IVA de los servicios que aún no han pagado», se queja la Asociación.
Las empresas privadas también tienen parte de la culpa de los impagos. Estas corporaciones pagan en España a un plazo medio de 101 días, frente a 57 días en la Unión Europea y los 85 máximos que establece la Ley de Morosidad.
¿Es necesaria una nueva ley?
Con todos estos datos es normal que nos planteemos la pregunta: ¿una nueva ley que garantize los pagos y no obligue a los autónomos a pagar IVA sobre impagos?. Aunque puedan parecer dos cuestiones diferentes, tienen tanta relación que realmente podrían tratarse conjuntamente aunque se regulará en diferentes normativas.
De hecho no somos los únicos que tenemos en mente esta cuestión. La ATA lleva algún tiempo pidiendo que se regularize el tema del IVA de las facturas impagas que ha llevado a la quiebra a más de 200.000 trabajadores por cuenta propia.
Aún así, en febrero de este año, el Gobierno rechazó una proposición del PP que pedía precisamente esta reivindicación. Sin embargo, es clave que se tome en serio la Ley de Morosidad y que realmente se mime a este colectivo que necesita el apoyo de toda la sociedad para seguir adelante en los tiempos que corren.
