La abstención de los nacionalistas vascos y catalanes, que han justificado para no ser «corresponsables» del plan, ha permitido a los socialistas salvar el rechazo de PP, ERC, IU, ICV y BNG, si bien las críticas a la norma han sido unánimes desde todos los grupos de la oposición, que han coincidido en calificar el decreto de «insuficiente» y denunciar lo que consideran una «amnistía» a las empresas.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha defendido que el decreto responde a una coyuntura económica que exige «medidas contundentes» contra una economía sumergida que presenta «evidentes efectos negativos» para el conjunto de la sociedad, las empresas y las cuentas públicas.
En este sentido, ha insistido en que este «combate contra la crisis y la desconfianza en la economía española» pasa por «recuperar el mayor número de cotizantes posible» y no contempla «ninguna amnistía», ya que las empresas sólo podrán acceder a bonificaciones y ayudas si regularizan a sus trabajadores «voluntariamente» y no hay ningún proceso de inspección abierto contra ellas.
Incremento de las sanciones
El plan establece que a partir del 1 de agosto una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.
Por otro lado, cuando el trabajador que compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos ‘en negro’ la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros. «Queremos lanzar un mensaje contundente de tolerancia cero frente al empleo irregular», ha remarcado.
