Viernes , 30 septiembre 2016 Impresion Pyme
  • El Círculo de Empresarios pide limitar el papel de los sindicatos

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    Si ayer comentábamos que el IESE había pedido al futuro Gobierno de Mariano Rajoy una reforma laboral que introdujera el despido a diez días, hoy ha sido el Círculo de Empresarios el que ha lanzado al aire la propuesta neoliberal del día.

    Para esta organización, España “necesita una flexibilización radical del mercado de trabajo y una reducción brutal del gasto” para salir de la crisis. Como considera que las medidas necesarias están tan a la derecha que no podrán pactarse con los sindicatos, propone a Mariano Rajoy que no se tome ni la molestia de consultarlas y “aproveche su holgada mayoría para sacarlas adelante, aunque suponga un serio conflicto social”.

    Para Fernando Eguidazu, vicepresidente de esta institución, el Gobierno tendrá que tomar medidas  “políticamente delicadas” con la oposición de unos sindicatos que, en su opinión, se han convertido en “los garantes del inmovilismo” y para los que propone establecer “limites razonables a su derecho de representación”.

    Entre las pautas que sugiere están la habitual reducción de modalidades de contratación en torno a un contrato único con un coste del despido fijo menor al del actual indefinido, la flexibilización del contrato a tiempo parcial, el impulso del convenio de empresa o unas mayores posibilidades de descuelgue en los convenios, también a nivel salarial.

    Del mismo modo, Eguidazu asegura que la oposición sindical también es esperable cuando lleguen los ‘tijeretazos’, más aún, cuando, en su opinión, estos deben afectar también a las áreas de gasto de “más dolorosa factura”, como las que afectan al Estado del Bienestar, ya que no solo deben apuntar a una reducción del déficit, sino a la consecución de superávit primarios del 1,5% del PIB que garanticen un nuevo despegue de la economía.

    En su opinión, los mayores esfuerzos deberían concentrarse en las comunidades autónomas, para las que habrá que establecer un techo de gasto que las “discipline”, incluso “con rango constitucional”, y a las que habrá que someter a una nueva reforma del sistema de financiación, especialmente en lo que se refiere a las transferencias del Estado.

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