El FMI ha vuelto ha insistir en la necesidad de que el Gobierno suba el IVA y otros impuestos especiales, para compensar la incertidumbre que sienten los mercados sobre la capacidad de nuestro país para financiarse. Además ha recomendado al Gobierno que acelere la privatización de empresas públicas y que elimine la deducción por vivienda.
En el análisis anual de la economía española correspondiente al Artículo IV de la institución, el FMI señala que las reducciones de gasto están previstas en las «áreas adecuadas», pero alerta de que «llevará tiempo identificarlas, serán difícil de implementar y sus resultados son inciertos».
Por ello, incide en que para dar garantías de que el ahorro previsto se materializará, «futuros recortes en sueldos públicos y aumentos en IVA o en impuestos especiales podrían aprobarse ahora y cancelarlos sólo si los objetivos son alcanzados». «Dado el tamaño de la consolidación necesaria, ninguna opción debe ser descartada», asegura el FMI en su informe, en el que incide en que las medidas por el lado de los ingresos deberían desempeñar «un papel más importante».
En particular, incide en que hay «considerable margen» para reducir los beneficios fiscales y aumentar los ingresos de la imposición indirecta por medio de una ampliación de la base y de una subida y unificación de los tipos, especialmente sobre IVA e impuestos especiales, «medidas que deberían tomarse ahora».
Asimismo, cree que la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social es «deseable», pero apunta que debería estar condicionada a la reducción del déficit, por ejemplo por debajo del 3% del PIB.
Por otro lado, la institución dirigida por Christine Lagarde también sugiere que para suavizar las proyecciones del endeudamiento público se debería dar mayor énfasis a las privatizaciones, y coincide con la Comisión Europea (CE) en que la «reintroducida deducción por vivienda debería ser eliminada».
«También es fundamental que las medidas ofrezcan ganancias permanentes y no puntuales. Por ejemplo, no debería haber más amnistías o aumentos transitorios de tipo», añade la institución, quien sugiere que debería protegerse el gasto en los más vulnerables.
