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  • El Gobierno podría restringir la jubilación anticipada antes de 2013

    tomas-burgos

    El Gobierno está barajando seriamente la posibilidad de limitar el acceso a la jubilación anticipada antes de fin de año. En este sentido no sería descartable que este mes se aprobase un Real Decreto que endureciese notablemente el acceso a la jubilación.

    El horizonte que se dibuja para el Gobierno en torno a las jubilaciones anticipadas es de falta de acuerdo en el presente y también en 2013, por lo que todo apunta a que el Ejecutivo “se vería forzado” a aprobar su reforma por la vía rápida a lo largo de las próximas semanas.

    Según fuentes de Moncloa, uno de los motivos que presionaría al Gobierno para acelerar la limitación de las jubilaciones anticipadas es la necesidad de atajar tanto el fraude que se produce en algunos casos, como el incremento que han experimentado en los últimos meses los paros anticipados ante la inquietud despertada por el debate, con el consecuente repunte del gasto para la Seguridad Social.

    Según las mismas fuentes, el Gobierno se ha encontrado con todo un ‘efecto llamada’ y “no puede dejar que corran los meses”. De hecho, el Gobierno calcula que la mitad de los jubilados lo hacen de manera anticipada y, según los registros de la Seguridad Social, las nuevas altas por jubilación alcanzaron las 32.514 en octubre frente a las 26.313 de septiembre.

    Según Empleo, la jubilación anticipada, que permite al trabajador abandonar la empresa con 61 años, si es forzado por la empresa, o con 63 años, si es de forma voluntaria, afectó en 2011 a 383.900 personas, con una pensión media de 1.356 euros y un coste anual de 7.288 millones.

    En el caso de la jubilación parcial, que permite abandonar el mercado de trabajo con 61 años, sin coeficientes reductores, con una reducción de jornada que es compensada con un trabajador relevista, el número de jubilados ascendió ese año a 120.952, con una pensión media aún mayor, de 1.588 euros, y un coste de 2.690 millones de euros al año.

    Ese mismo mes de noviembre, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, presentó ante la Comisión del Pacto de Toledo una batería de propuestas para limitar las jubilaciones anticipadas y parciales, que podría ser la base del Real Decreto que apruebe y que giraba entorno al retraso de la edad legal para jubilarse bajo estas fórmulas de los 61 a los 63 años y de 63 a 65 años en el caso de las jubilaciones anticipadas de carácter voluntario.

    Según dijo entonces, la jubilación a los 67 años de manera progresiva hasta 2027, prevista en la reforma de las pensiones, “no servirá de mucho”, con lo que lo adecuado sería elevar en paralelo la edad legal de las jubilaciones anticipadas y parciales.

    El informe presentado abría también un debate sobre el establecimiento de coeficientes de reducción de la pensión en el caso de la parcial, así como sobre los periodos de cotización previos requeridos para acogerse a estas modalidades.

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