La carga estadística que soportan las empresas es cada vez mayor y deben emplear más tiempo en cumplimentar los cuestionarios que obligatoriamente deben responder al Instituto Nacional de Estadística (INE). Todo esto les supone un alto coste adicional a la actividad en plena crisis, sobre todo a las pymes, que en muchos casos tienen dificultades en rellenar los formularios y han de acudir a gestores externos.
Lo peor es que se trata de un procedimiento obligatorio, ya que si no cumplen con esta obligación pueden ser sancionados con multas que van desde los 60 euros, en el supuesto del envío de datos incompletos, hasta los 30.050 euros, por la resistencia a completar la información requerida o el suministro de datos falsos.
El BOE del 11 de enero publicó una lista de 286 empresas, y también de algunas personas físicas, a las que el INE ha abierto un expediente sancionador «por incumplimiento de las obligaciones» estadísticas en diciembre. La mayor parte son pymes.
Según Cepyme, «la carga estadística obligatoria que soportan las empresas es cada vez más elevada». «Entendemos que los datos son importantes para el Gobierno y el conjunto de agentes económicos, pero hay que hacer una revisión porque cada vez nos suponen más costes y tiempo ajenos a la propia actividad», señalan fuentes de esta organización dependiente de la CEOE.
Como informa el diario El Mundo, no tiene mucho sentido que se demanden datos que ya figuran en registros públicos, como los mercantiles o de la propiedad, o en la información de que ya dispone la Administración a través de la Agencia Tributaria, Seguridad Social, o de CCAA y Ayuntamientos.
Según dice A. S., que tiene una pyme de transporte, «llevo más de tres años rellenando encuestas todos los meses y no entiendo para qué sirve que presente cuentas anuales de mi empresa en el registro mercantil, declaraciones de impuestos trimestrales y anuales del IVA, impuesto de sociedades o a la Seguridad Social. Parece que el Gobierno no puede hacer las estadísticas con estos datos que ya tiene de mi empresa».
Según Cepyme, hay más problemas. Hay muchas pymes o autónomos que son incapaces de rellenar los cuestionarios porque figuran términos y datos «que no son fáciles de entender». Por ejemplo, se necesita cierta formación para cumplimentar datos financieros o de costes laborales. En estos casos, soportan un mayor coste porque han de acudir a una gestoría para rellenar las casillas.
Los requisitos del Gobierno
- Las empresas están obligadas a cumplimentar un número importante de encuestas mensuales y anuales para que el INE realice las estadísticas oficiales.
- Si no cumplimentan los datos exigidos, y en el plazo estipulado, se les abre un expediente sancionador que puede acabar en una multa que suele estar de media en los 300 euros en los casos menos graves.
- El Gobierno ha establecido para los nuevos emprendedores, con pymes de menos de 50 trabajadores, que el INE deberá limitar a sólo una el número de encuestas obligatorias en el primer año de actividad en caso de seleccionada.
