El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para incentivar el trabajo autónomo. A pesar de que estas ayudas tendrán una inversión inicial que supondrá un coste para el Gobierno, se prevé un retorno económico importante y muy positivo para las arcas del Estado.
Según informa Europa Press, este proyecto de Ley para fomentar el trabajo autónomo tendrán un coste adicional de 302,8 millones de euros al año a partir de 2016 y se cargarán directamente a los presupuestos de del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en lo que se refiere a las bonificaciones en la cuota, y a los de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en los casos de reducciones.
Sin embargo, el retorno de estas inversiones son muy rentables, ya que se espera que los ingresos asciendan a los 100 millones de euros en 2016 y lleguen a los 350 millones en 2017, suponiendo que se opte por la base mínima de cotización y se acojan a la tarifa plana. Pero, si además 15.000 autónomos contratan una media de 1,3 trabajadores, suponiendo que la mitad estuviera recibiendo la prestación por desempleo, y a un tercio de estos contratos se les aplica el incentivo del mínimo exento, el ahorro en prestaciones sería de 200 millones de euros de media al año, por lo que saldría más rentable aún. Las estimaciones del Gobierno, por tanto, sumando todas las partidas y haciendo balance entre los gastos y los ingresos, supondría un valor positivo de 250 millones de euros.
Entre las medidas aprobadas, destacan la ampliación de la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el alta en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) a los mayores de 30 años, hasta un máximo de nueve meses. Será la medida más costosa, unos 138 millones de euros. También es importante la ampliación de los dos a los cinco años el plazo para la reanudación de la prestación por desempleo tras darse de alta como autónomo.
