Nuestro país es el tercero de Europa donde más se alarga el plazo para pagar las facturas. Así lo señala un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que se ha elaborado a partir de los datos de Intrum Justitia. Solo Portugal y Grecia superan a España en este ‘indeseable’ ranking en el que Alemania se sitúa en el lado completamente opuesto, como el estado más ‘cumplidor’ en lo que a abonar recibos se refiere, seguido de Dinamarca y Austria.
Cuando quien debe es la Administración Pública no se evidencian diferencias especialmente notables. España sigue en los primeros lugares en este caso, tras Grecia, Italia y Portugal. Solo en Finlandia, Reino Unido y Alemania la Administración se da más prisa por cumplir plazos y pagar las facturas que se le van emitiendo.
El estudio de la PMcM destaca que existe un bajo nivel de compromiso y responsabilidad de las empresas y las administraciones públicas españolas para afrontar sus pagos en plazos razonables y sin entregas. Se destaca que esto evidencia la “falta de competitividad y formalidad” de las organizaciones de nuestro país y además deja claro que la directiva europea sobre morosidad no se está aplicando por igual en todo el continente. El objetivo de esta no era –lo sigue siendo– otro que evitar que las compañías, especialmente las pequeñas y medianas empresas, sufran por retrasos en pagos que, en muchas ocasiones, las llevan directas a la quiebra y al cierre por no poder mantenerse sin esos ingresos pendientes.
El pasado mes de febrero la Comisión Europea abrió un expediente contra España por no aplicar la directiva. Es una advertencia de la UE que busca aplicar la directiva fomentando la transparencia en lo que a las prácticas de pago se refiere. Se pretende promover un entorno fiable para las compañías.
Los datos del informe confirman que hay “necesidad” de revisar la normativa así como su aplicación y la supervisión en los distintos países.
