El Gobierno está trabajando activamente para aliviar las deudas que las distintas administraciones públicas mantienen con las empresas. Así lo adelantó ayer el secretario de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, quien aseguró que la iniciativa podría funcionar a través del ICO.
En cualquier caso, según Ocaña, en un almuerzo realizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica «el Gobierno es rápido en la puesta en marcha de medidas, por lo que llegarán en semanas antes que en meses«.
Admitió el problema del retraso en el pago de las deudas, aunque indicó que «no necesariamente» se da en «la magnitud» que a veces se pone de manifiesto. Así, aseguró que los ayuntamientos siempre han pagado «con cierto retraso», superior al plazo de 60 días que marca la Administración Central, periodo de tiempo que, según dijo, puede haberse deteriorado como consecuencia de la crisis económica.
Ocaña no quiso concretar a cuánto ascienden las facturas pendientes por parte de las administraciones públicas, ya que aseguró que el Gobierno no tiene una «evidencia directa» de esta cantidad, aunque consideró que la cifra de 30.000 millones que publican algunos medios quizá lleve consigo «cierta exageración».
Por otro lado y tras repasar las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para hacer frente a la crisis, consideró que es pronto para cuantificar su impacto, pero recordó que 28.000 empresas han solicitado ya la devolución anticipada de IVA y que el Gobierno ha recibido más de 650.000 solicitudes para el aplazamiento de la deuda de los contribuyentes, de las que el 65% se han resuelto favorablemente, lo que supone «cierto alivio» para los ciudadanos.
En concreto, adelantó que el Gobierno ha recibido 655.979 solicitudes por un valor de 9.580 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% en comparación con 2007, cuando se registraron 504.195 solicitudes por importe de 6.162 millones de euros. Del total de las solicitudes de 2008, 420.620 se han resuelto favorablemente (3.675 millones de euros), lo que supone un incremento del 21% en comparación con el año anterior, año en el que se resolvieron 345.759 solicitudes (2.539 millones de euros).
Ocaña recordó además la puesta en marcha del fondo de inversión local que, según indicó, se está ejecutando en estos momentos, y aseguró que la suma de estas y otras iniciativas ha supuesto un gasto fiscal del 2% del PIB en 2008. Si se tiene en cuenta lo aprobado y comprometido para 2009, añadió que el impacto asciende al 2,4% del PIB.
