El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirmó ayer en rueda de prensa que, según los último datos disponibles, la cifra que adeudan las corporaciones locales a las empresas asciende a unos 3.000 millones de euros.
Ocaña indicó que el Ejecutivo está trabajando para resolver este problema, denunciado insistentemente por las empresas, y entre las medidas barajadas se encuentra la posibilidad de facilitar que las entidades financieras adelanten estas deudas mediante un mecanismo similar al ‘»factoring».
Este sistema, muy utilizado especialmente por pymes, consiste en que el banco o la entidad de «factoring» se encarga de cobrar las facturas pendientes de la empresa y abonarlas en su cuenta, normalmente descontando los intereses correspondientes por realizar esta operación.
Las ventajas de este instrumento son evidentes para una empresa que no pueda dedicar demasiados recursos al cobro de las deudas de sus clientes, ya que, por un lado, supone una importante mejora en su liquidez al cobrar antes las deudas y, por otro lado, es una protección por insolvencia o quiebra de los deudores.
Junto con esta medida, Carlos Ocaña adelantó que el Gobierno está considerando también la posibilidad de que las empresas perjudicadas por el retraso de los pagos por parte de los ayuntamientos puedan aplazar el pago de impuestos con Hacienda, tal y como han propuestos algunas asociaciones de asesores fiscales. «Esta medida tiene una complejidad técnica, pero al final el resultado es el mismo: que las empresas reciban ese dinero antes y que ese problema de liquidez se alivie», reiteró.
Además de estas dos iniciativas, el Ejecutivo contempla, asimismo, crear una línea de crédito a través del ICO para facilitar a los ayuntamientos que paguen sus deudas en plazo, establecido en un máximo de 60 días, si bien aclaró que es preciso asegurar que la financiación que se adelante podrá ser recuperada posteriormente.
