La crisis, según la Fundación Madrina, ha duplicado los casos de despido por maternidad, más conocido como «mobbing maternal», sobre todo dentro de las pequeñas y medianas empresas. La fundación sostiene que este fenómeno creció 12 puntos y alcanzó el 12% en 2008.

La cifra se desprende de las 30.000 llamadas que el año pasado llegaron a la fundación denunciando «mobbing maternal». Además, un 12% de mujeres no pueden acceder al mundo laboral por el hecho de estar embarazadas.

Los datos del estudio anual elaborado por la Fundación Madrina indican que en España el mobbing maternal se presenta mayormente en pymes(41%), luego en grandes empresas y empresas multinacionales (27%), en empresas públicas (24%) y, finalmente, en empresas familiares (2%).

En concreto, las conclusiones del estudio «Mobbing maternal en España» indican que el perfil de las afectadas corresponde al de una mujer joven de clase media, de entre 25 y 30 años, con un contrato temporal, y que está embarazada, o es madre soltera con responsabilidades familiares, o tiene bebés a su cargo de menos de un año. En este sentido, el embarazo, la baja por maternidad, la reducción de jornada, o el planteamiento de querer tener familia repercute negativamente en la continuación del contrato laboral o bien dificulta el acceso al empleo.

Asimismo, las conclusiones del estudio señalan que, por ello, el embarazo se ha convertido en un «factor de riesgo», y la maternidad en un factor de «desigualdad y exclusión social». Además, sostiene que la maternidad se transformó en un «producto planificado de consumo», una «commodity», o un «recurso escaso y caro, limitado a unos pocos».

Por ello, la fundación interpreta que la consecuencia es que en España se «importe maternidad» con los procesos «masivos» de adopción, que ubican al país como el segundo del mundo en adopciones internacionales, después de EE.UU.

Ante estos datos, y en el contexto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la fundación propone «medidas de apoyo», como un plan integral, salario maternal y baja remunerada de hasta dos años, y la repartición entre las familias con más dificultad de «al menos un 10 por ciento» de los mas de 1,5 millones de pisos en stock que embargará el sistema bancario español, entre otras.