Más de 8.000 trabajadores autónomos del sector del comercio se dieron de baja en los dos primeros meses del año, que se suman a las 19.873 registradas el pasado año, según los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Ante esta situación, la organización ha reforzado y ampliado las medidas del plan especial de apoyo para el comercio familiar, de carácter específicamente fiscal y social, con el fin de dar una alternativa de forma «inmediata» a los principales problemas surgidos ante el actual escenario económico.
UPTA reclama para paliar la situación de crisis del sector una medida general de crédito fiscal o pago aplazado de impuestos para todos los comercios cuya titularidad corresponda a una persona física o a una sociedad que no tenga más de dos trabajadores y 500 metros de superficie comercial y que no forme parte de una cadena o grupo.
Este aplazamiento afectaría a los pagos derivados del IRPF, así como por el Impuesto de Sociedades, en su caso, y del IBI para los titulares que se vean obligados a su pago. Se propone de esta forma que los titulares de los comercios puedan aplazar el 50% de su propia cuota de seguridad social durante un periodo de veinticuatro meses.
Además la organización plantea medidas que permitan un abandono suave de la actividad al tiempo que se promueva la sucesión de los negocios entre familiares o terceros interesados. En particular, UPTA pide que se establezcan primas fijas por el abandono de actividad que compensen el mantenimiento del pago de la seguridad social hasta la fecha de la jubilación.
Asimismo, propone que las Administraciones Públicas asuman compromisos de ayudas a la contratación, posibilidades de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a tiempo parcial para los familiares de los comercios que ayuden de forma habitual, la posibilidad de jubilación anticipada o la bonificación y exenciones fiscales que fomenten la transmisión y sucesión de los negocios.
