Los representantes de la Eurocámara y de los Gobiernos de la UE no lograron anoche acercar posturas anoche sobre la norma que amplía la jornada laboral a 65 horas semanales tras una ronda maratoniana de negociaciones que se prolongó durante 10 horas y terminó a las 4:30 de la madrugada.
El fracaso en la negociación complica mucho la posibilidad que se llegue finalmente a un acuerdo antes de 28 de abril, fecha en la que, de no llegarse a un compromiso, se derogará definitivamente la directiva de ampliación del horario laboral.
Se mantendrá en este caso, el actual modelo, que fija una jornada laboral de 48 horas semanales pero que contempla la posibilidad de excepciones (‘opt-out’). Estas excepciones, en la práctica, permiten trabajar hasta 78 horas semanales, según los cálculos del Consejo. El principal punto de desacuerdo sigue siendo si se mantienen estas excepciones, ampliando la jornada laboral hasta 65 horas, como piden la Comisión y el Reino Unido, o si se suprime el «opt-out» después de un periodo de transición, como exige el Parlamento. España apoya la postura de la Eurocámara.
Durante la última ronda negociadora, la Comisión presentó una nueva propuesta de compromiso que incluía una cláusula de revisión, pero fue rechazada por los representantes de la Eurocámara porque no establecía ningún plazo para la desaparición del ‘opt-out’. «Queremos que se imponga un límite temporal al opt-out. Podemos discutir su duración, pero este límite no puede quedar fuera de la directiva», dijo la principal negociadora del Parlamento, la socialista alemana Mechtild Rothe.
La europarlamentaria resaltó que la cámara quiere un acuerdo pero «no a cualquier precio» y reclamó una nueva sesión de negociaciones formales de conciliación para los días 20 y 21 de abril. Sin embargo, la presidencia checa no aceptó esta petición y pidió que continúen los contactos informales y que sólo se convoque una reunión del comité de conciliación cuando esté claro que habrá un acuerdo.
Tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre el tratamiento que hay que dar a las guardias médicas, la otra gran cuestión que regula la directiva. Mientras que el Parlamento exige que se consideren como tiempo de trabajo, la Comisión no acepta todavía esta formulación y pide que se haga una distinción entre la parte de las guardias activa y la inactiva (por ejemplo, cuando un médico duerme en un hospital).
Si finalmente la iniciativa de las 65 horas decae, lo más probable es que la Comisión presente una nueva norma que regule exclusivamente la cuestión de las guardias médicas, que resulta problemática para la mayoría de los Estados miembros y sobre la que hay más posibilidades de acuerdo, y deje fuera la cuestión del «opt-out».
