El Consejo de Ministros aprueba hoy dos nuevas medidas, que tramitadas mediante un real decreto-ley, aportarán hasta 14.000 millones de euros a los ayuntamientos y entidades locales para pagar las deudas pendientes que mantienen con empresas y autónomos.
Por una parte, se permitirá a los ayuntamientos realizar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería.mientras que por otra, se instrumentará, a través del ICO, una nueva línea de 3.000 millones de euros.
Según la videpreisidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, la operación de endeudamiento municipal podrá ascender a unos 11.000 millones de euros, a partir del cálculo de las entidades locales, que ya han remitido la liquidación del 2008 y de una proyección del posible remanente negativo de tesorería del conjunto de las entidades locales.
Esta nueva medida, en opinón de Elena Salgado, permitirá solucionar el problema de las deudas impagadas por las entidades locales, al tiempo que reconoce el impacto negativo que ha supuesto para los ayuntamientos la evolución de la crisis y obliga a los consistorios a planificar su reequilibrio financiero.
Por otro lado, el Gobierno articulará a través del ICO la inmediata puesta en marcha de una nueva línea de crédito para avalar por un importe máximo de 3.000 millones a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos.
De esta forma, el Ejecutivo avala las operaciones de descuento a empresas y autónomos con facturas pendientes de cobro. Además, el Real Decreto establecerá como garantía final y ante posibles impagos por parte de las entidades locales su participación en los ingresos del Estado, en la que se podrán retener las cantidades correspondientes a la deuda de los ayuntamientos que incurran en el incumplimiento de sus obligaciones de pago.
Según Salgado, la nueva línea del ICO establece algunas líneas favorables para empresas y autónomos, como el tipo de descuento máximo del 5% en las operaciones, un porcentaje menor al habitual y al actual, según la vicepresidenta económica.
Además, la nueva línea contempla un límite de 300.000 euros por acreedor para evitar que las grandes empresas acaparen los avales y con el objetivo de asegurar que las pequeñas empresas y los autónomos tengan un acceso real a los créditos.
Finalmente, también se ha establecido un límite por entidad local del 25% de su participación en los tributos del Estado para año 2009, con el objetivo de evitar retenciones excesivas en los ingresos de los ayuntamientos que pudieran crearles problemas en el futuro.