La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha conseguido hoy el apoyo unánime de la oposición al Real Decreto que pretende resolver el endeudamiento que mantienen las entidades locales con las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos.
En términos generales todos los partidos de la oposición han dado su apoyo al Ejecutivo para sacar adelante este Real Decreto aunque no han faltado las críticas sobre algunos procedimientos y pasos dados por el Gobierno.
Según la vicepresidenta económica, este Real Decreto se inscribe en el conjunto de actuaciones que viene desarrollando el Gobierno desde el año pasado para hacer frente a las restricciones de liquidez y que pasan por las devoluciones anticipadas de IVA, la reducción del interés legal del dinero, los aplazamientos tributarios o las líneas del Instituto Oficial de Crédito (ICO), entre otras cosas.
Salgado recordó que la falta de financiación y la necesidad de liquidez han sido siempre una «cuestión prioritaria» en las actuaciones del Gobierno, así como aquellas destinadas a paliar los efectos de la crisis en las cuentas de las administraciones territoriales.
En este sentido, enumeró algunas de las iniciativas desarrolladas por el Gobierno socialista desde el año 2005 y destacó la puesta en marcha del fondo de inversión local. «Estas medidas manifiestan el compromiso del Gobierno con la liquidez de las administraciones», señaló la ministra, quien aseguró que este Real Decreto se inscribe en este mismo marco y pretende responder a las necesidades de las pymes y autónomos para que puedan cobrar las deudas pendientes de manera «coherente» con el ordenamiento jurídico.
Requisitos
Salgado recordó que se incluyen algunos requisitos, como que el plazo máximo de amortización de las operaciones de endeudamiento bancario sea de seis años, o el plazo de un mes para que las entidades locales puedan cancelar sus deudas pendientes con proveedores.
Además, el plazo para concertar la operación de endeudamiento será de tres meses, los ayuntamientos tendrán que aprobar un plan de saneamiento por idéntico periodo al de la operación financiera y deberán presentar al Ministerio de Economía y Hacienda una certificación del pago de las deudas abonadas a sus proveedores.
Durante los turnos de posición, el diputado «popular» Rafael Merino se limitó a decir que lo que el país necesita es que el Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, dejen de engañar a los ciudadanos, porque fue el PP el que propuso esta iniciativa parlamentaria. «Ustedes, con su desfachatez política, dicen que el PP no tiene propuestas y llevan a Consejo de Ministros las propuestas que el PP consigue aprobar en esta Cámara», indicó.
