Los portavoces del Pleno del Congreso han manifestado su apoyo a la tramitación de una proposiciónde CiU para cambiar la legislación sobre morosidad en operaciones comerciales, fijando un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas.
El portavoz económico de CiU, Sánchez Llibre cree que la morosidad es el principal motivo del incremento del paro en España, y denunció que actualmente se incumplen sistemáticamente los plazos establecidos.
El diputado «popular» Ramón Aguirre celebró la ocasión que representa la iniciativa de CiU para reformar «punto por punto» la actual legislación de «baja intensidad», si bien advirtió a CiU que no se trata de un «respaldo cerrado» a todo su articulado. A esta posición se adhirieron los representantes del PNV, ERC y BNG.
Por su parte, el socialista Félix Larrosa admitió el riesgo que supone la morosidad en un momento de crisis, en el que «se ha perdido hasta la vergüenza de no pagar» si bien este debate lleva abierto desde los «años de bonanza». «Estamos en la cultura de la morosidad», lamentó, al tiempo que abogó por «avanzar» desde la legislación anterior, de 2004.
El texto de CiU elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, no pudiendo superarse los dos meses en el caso de las operaciones entre empresas. En lo referente a las administraciones públicas, este límite se reducirá a la mitad, si bien con un periodo «transitorio» de adaptación de 45 días durante 2010.
Según Sánchez Llibre, la aplicación de esta ley garantizaría un ahorro de 10.500 millones en concepto de intereses de demora. Esta una es una de la principales reclamaciones que ha transmitido a CiU las patronales empresariales, de pymes y las asociaciones de autónomos con las que se ha reunido, como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, cuyos dirigentes siguieron el debate desde la tribuna de prensa.
