El Gobierno ha aprobado el Real Decreto de Formación Profesional para el reconocimiento de competencias adquiridas por la experiencia laboral y formación no reglada, que se pondrá en marcha este año y que tendrá una dotación de 3,5 millones para evaluar a 8.000 personas.
«Esto supone un antes y un después», indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que recordó que este decreto contribuye a la creación del «nuevo modelo económico» basado en el conocimiento.
Para De la Vega esta iniciativa, elaborada por los ministerios de Educación y Trabajo, «dará más opciones a los ciudadanos para mejorar su formación y tener más posibilidades de futuro». De esta forma, los ciudadanos que decidan obtener un reconocimiento oficial de su experiencia o formación deberán inscribirse en la convocatoria que realizarán conjuntamente las administraciones educativa y laboral. Posteriormente, participarán en un proceso que se divide en tres fases: «Asesoramiento», «Evaluación y acreditación» y «Registro de la competencia profesional».
Al concluir todo el procedimiento, los candidatos recibirán, además, la orientación necesaria sobre las posibilidades para completar la formación que les lleve a obtener un título de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad relacionado con esas competencias.
Las convocatorias para este año corresponden a los perfiles profesionales de Educación Infantil y la Ley de Dependencia, «dos sectores que requieren demanda de personal cualificado», recordó la vicepresidenta. Para acreditar esta experiencia laboral deberán justificarse, al menos, tres años, con un mínimo de dos mil horas trabajadas en total en los últimos diez años transcurridos antes de realizarse la convocatoria.
La aprobación del Real Decreto viene acompañada de un presupuesto de 3,5 millones de euros para el año 2009, que se destinarán a los siguientes fines: una convocatoria de 2009, con la que se pretende evaluar y acreditar las competencias de unas 8.000 personas con 2,8 millones de euros; la elaboración de materiales específicos para cada una de las 26 familias profesionales (260.000 euros); y la formación de cerca de 3.000 orientadores, evaluadores y asesores (460.000 euros).
