El Consejo de Ministros extraordinario de este jueves aprobará la ayuda a los parados que hayan agotado la protección y no dispongan de ingresos, medida que beneficiará a más de 300.000 personas y que entrará en vigor a mediados de este mes.
Con la aprobación de esta ayuda, que rondará los 420 euros mensuales, se cumple el anuncio que realizó el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de que esta medida se aprobaría el 13 de agosto pese a la falta de acuerdo en el diálogo social.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho subrayó, que los desempleados que hayan agotado prestaciones y subsidios y no tengan rentas podrán percibir esta ayuda, durante un periodo de seis meses, evitando así que «queden desamparados desde el punto de vista de la protección social». El perceptor de esta renta, explicó el ministro, asumirá el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación y empleo.
Corbacho destacó que el objetivo de esta iniciativa, cuya duración no acaba de convencer a los sindicatos, «no es el de hacer un subsidio, sino el de dar una renta de protección para que las personas que la reciban tengan acceso a una formación y puedan volver al empleo lo antes posible».
Aunque cada perceptor sólo podrá recibir la ayuda durante un máximo de medio año, el Gobierno mantendrá en vigor este programa de ayudas durante más tiempo. De hecho, su permanencia estará condicionada a la evolución del paro y de las condiciones económicas. «Parece razonable mantenerlo si la crisis no se acaba en seis meses o si empieza a ser superada pero permanecen sus efectos sobre el empleo, que suele ir un poco más lento. Por lo tanto, seis meses para la personas, que no para el programa», precisó el ministro.
De esta forma, la norma que se aprobará hoy habilita al Gobierno para ir prorrogando este programa de ayudas en la medida en que los índices de coyuntura económica sigan siendo negativos. El Real Decreto que regula esta ayuda entrará en vigor «a partir del 14 de agosto», aunque Corbacho puntualizó que tendrá efectos retroactivos desde el primero de mes.
El coste de esta ayuda superará los 400 millones de euros y, según Corbacho, se financiará directamente con cargo al Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) y a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Consejo de Ministros también estudiará la propuesta que ha realizado el Gobierno sobre el establecimiento de una prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos, para lo que deberán cotizar un 1% adicional
