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Viernes, 28 Enero 2022

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Los trabajadores declaran hasta 7.000 euros mas

Los trabajadores y pensionistas declaran unas rentas anuales de 4.875 euros más que los autónomos y las pymes, y alrededor de 6.833 euros más, si se compara con los ingresos de los microempresarios, según el ‘Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria’.

El estudio muestra que los trabajadores y pensionistas declararon el pasado año 18.400 euros de media, mientras que los pequeños  empresarios y los autónomos que declaran sus rendimientos en estimación directa ganaron sólo 13.525 euros de media.

Los Técnicos de Hacienda (GESTHA), autores del informe, han puesto de manifiesto que el rendimiento declarado por las actividades económicas de los microempresarios en módulos fue todavía menor que el de las pymes y autónomos, situándose en 11.567 euros. Por otro lado, indican que si bien el diferencial entre lo declarado por los asalariados y sus empleadores creció sin interrupción en el periodo 2000-2006, durante el año 2007 se acortaron las distancias sólo gracias a las rebajas fiscales aplicadas a las rentas del trabajo, puesto que los empresarios apenas incrementaron sus ingresos declarados.

Ley antifraude poco efectiva

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En otro orden de cosas, los técnicos de Hacienda consideran que la Agencia Tributaria «está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal, ya que en lugar de concentrar las investigaciones en los principales focos de economía sumergida, sigue ejerciendo un mayor control sobre los incumplimientos fiscales de los trabajadores y pensionistas, los microempresarios y las pequeñas empresas».

«La Agencia Tributaria debe desplazar la lupa del control de las rentas del trabajo y Pymes para investigar los fraudes de las grandes empresas, los grandes desarrollos urbanísticos, los billetes de 500 y 200 euros o los paraísos fiscales, y evitar que los ciudadanos acuñen la calificación de España como un balneario fiscal de las grandes fortunas», añaden.

Así pues, Gestha estima que la Agencia Tributaria no ha sabido aprovechar todas las posibilidades de la Ley Antifraude para reducir la economía sumergida y las bolsas de fraude, limitándose a cumplir con facilidad los objetivos tradicionales.

 

 

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