El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves la nueva Ley de Servicios de Pago, que declara nula toda cláusula que impida a los comerciantes «exigir el pago de una cuota adicional u ofrecer una reducción por la utilización de un instrumento de pago específico».

En la práctica esta directiva se traduce que una vez que la normal se publique en el B.O.E, los comerciantes podrán aplicar un recargo adicional porlas compras que se efectúen con tarjetas de crédito o de débito.

Sin embargo, el Gobierno se reserva la facultad de «limitar» o incluso prohibir el recargo por parte de los comerciantes sobre las operaciones abonadas con tarjetas de crédito u otros medios, si en algún momento se considera oportuno atendiendo a la necesidad de «fomentar la competencia y promover el uso de instrumentos de pago eficaces».

En este sentido, la diputada socialista María Jesús Vázquez negó que este artículo imponga la «obligación» de cobrar un porcentaje de recargo y no supone ningún cambio a la situación actual, sino que se limita a proteger a los comerciantes «de una posible subida» de las comisiones. En cualquier caso, aseguró que la aplicación del recargo es actualmente «prácticamente inexistente».

Aunque la ley sólo señala que el importe de este recargo «no podrá superar los gastos diferenciales en que efectivamente incurra el beneficiario por la aceptación de tales instrumentos», entre los consumidores surgió el temor de que esta medida abra la puerta a un aumento de los precios que puede rondar, según algunos cálculos, hasta el 1% en función de las comisiones de las tarjetas de pago.