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Viernes, 22 Octubre 2021

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Se retrasa la liberalización de servicios

La organización que agrupa a las Cámaras de Comercio de la Unión Europea, Eurochambres, ha criticado el retraso de España y de otros Estados miembros en la aplicación de la polémica directiva comunitaria para liberalizar la prestación de servicios (la conocida como ley Omnibus).

El objetivo de esta norma es facilitar el establecimiento de empresas de servicios en otros Estados miembros con medidas como la creación de ‘ventanillas únicas’ para simplificar y acelerar los trámites burocráticos en los países de la Unión.

Sólo un tercio de los Estados miembros (9 de 27) han trasladado plenamente a sus respectivas legislaciones nacionales las exigencias de la directiva de servicios en el plazo marcado, que venció el pasado 28 de diciembre. La aplicación en los 18 países restantes no es satisfactoria debido a problemas o retrasos en aspectos jurídicos u operativos, según un estudio realizado por Eurochambres.

España se sitúa en el grupo de países con resultados «moderados» en la trasposición de la norma. Las Cámaras de Comercio afirman que todavía es necesario reforzar la simplificación y reducción de cargas administrativas para las empresas, la creación de ventanillas únicas, el intercambio de información y la puesta en marcha de la administración electrónica (e-administration).

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En el mismo grupo que España se encuentran Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Rumanía. Los peores alumnos en la aplicación de la directiva de servicios son Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.

Sólo República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Hungría, Países Bajos, Suecia y Reino Unido han completado todos los trámites exigidos a tiempo. «Los retrasos en varios países hacen que la situación en el conjunto de la UE sea extremadamente fragmentaria y crea una situación que no es óptima para un proveedor de servicios que quiera entrar en otro mercado nacional de la UE», dijo el secretario general de Eurochambres, Arnaldo Abruzzini, que reclamó al Ejecutivo comunitario que expediente a los Estados miembros que no han cumplido los plazos.

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