Los grupos de la oposición quieren mejorar el proyecto de ley que regula la prestación que podrán percibir los trabajadores autónomos en caso de cesar en su actividad de manera involuntaria, y pedirán que se eleve la cuantía a percibir y la duración de la prestación.
Tanto el PP como CiU consideran que la norma que plantea el Gobierno «llega tarde, con demasiadas exigencias, con cuantías bajas y sin el consenso con las asociaciones y plataformas de autónomos», mientras que IU señala que la prestación es «insuficiente».
El PP ve «cicatero» el proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre las prestaciones para trabajadores autónomos en caso de cese involuntario de actividad y desde el primer momento avanzó que su formación apoyará las reclamaciones de los autónomos para aumentar tanto el importe como la duración de las mismas.
Así, fuentes ‘populares’ han mostrado su «sorpresa» por la negativa del Ejecutivo a las propuestas de ATA y otras organizaciones representativas de este colectivo que han presentado estudios sectoriales que avalan la posibilidad de establecer un subsidio «más duradero y sólido», a cambio de mayor cotización.
ATA aboga por flexibilizar los requisitos de acceso a la prestación al considerar «excesivo» que para cobrar el paro los autónomos tengan que acreditar unas pérdidas equivalentes al 40% de los ingresos durante un año. La organización reclama además la inclusión en la ley de una disposición adicional donde se reconozca al colectivo el derecho a la jubilación anticipada.
Según el proyecto de ley aprobado por el Gobierno, la prestación por cese de actividad de los autónomos no será menor de 583,38 euros mensuales y no podrá superar los 1.383,9 euros. Su cuantía, durante todo su periodo de disfrute, será equivalente al 70% de la base por la que el autónomo venía cotizando durante los doce meses anteriores al cese de su actividad.
Su duración será de entre dos y seis meses, en función del periodo cotizado, si bien en los casos de trabajadores autónomos de entre 60 a 64 años se incrementa la duración de la prestación, con un mínimo de tres meses y un máximo de nueve meses.
