El Gobierno pretende porner el ICO a disposición de las pequeñas y medianas empresas, gracias a una nueva política que contempla la concesión de créditos directos de hasta 200.000 euros para todas las empresas que no puedan acceder a la financiación tradicional.
Ésta es sólo una de las medidas del documento de propuestas que el Ejecutivo ha trasladado al resto de grupos de la oposición con el objetivo de alcanzar un acuerdo que sirva para salir de la crisis. El PP, como era de esperar, ya ha descalificado la propuesta.
Los préstamos directos del ICO dispondrán de una cobertura de riesgo del 100% y serán comercializados a través de una entidad financiera seleccionada por concurso.
El Ejecutivo también propone establecer de modo progresivo un plazo máximo de 30 días para los pagos de las administraciones públicas y de 60 días para el pago a las pymes y autónomos por parte de grandes empresas en las próximas facturas que se emitan.
El objetivo final es establecer un plazo máximo de pago de 60 días en las relaciones comerciales entre empresas, que no podrá ampliarse de ninguna de las maneras cuando se trata de pymes o trabajadores autónomos.
La concesión créditos directos por parte del ICO responde a una de las principales peticiones que la CEOE ha realizado durante las últimas semanas.
Salgado dice que los créditos del ICO no elevarán el déficit
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, aseguró ayer que la menor recaudación por los incentivos fiscales a la rehabilitación a través de rebajas del IVA «se verá más que compensada» por la creación de empleo y la reducción de la factura energética, y que los créditos que concederá el ICO sin límite dotacional a las pymes no se consolidarán en la deuda pública, sino que se financiarán en el mercado, con lo que ninguna de estas iniciativas aumentará el agujero del déficit.
Otra de las medidas propuestas por el Ejecutivo más destacadas es la reducción del IVA las obras de rehabilitación de viviendas. En concreto, el Gobierno propone que durante dos años, y a partir del 1 de julio, este tipo de operaciones serán gravadas con un tipo reducido del 8%, la mitad que el resto de obras de construcción.
Además, el Ejecutivo propone que los contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros podrán deducir en el IRPF el 10% de los costes de las obras de rehabilitación de viviendas realizadas hasta 31 de diciembre de 2012 que tengan por objeto la rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, con el límite de 12.000 euros por vivienda; a partir de dicho umbral de renta, el importe de la deducción irá decreciendo hasta su desaparición.
El PP denuncia que el Gobierno «malcopia» propuestas suyas
El Partido Popular considera que el documento con medidas para alcanzar un acuerdo contra la crisis presentado este lunes por la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, «no trae prácticamente novedades» ni medidas «concretas», salvo la reducción temporal durante dos años del IVA a las actividades de rehabilitación, que «malcopia» una idea de los ‘populares’ cuyo debate además fue vetado por el Ejecutivo en el Congreso.
En un comunicado, el PP señaló que el documento del Gobierno es un «refrito» del análisis realizado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y del «power-point» del Programa de Austeridad remitido por el Ejecutivo a Bruselas.
Los ‘populares’ denuncian que la reducción temporal del IVA a las actividades intensivas en mano de obra fue propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en octubre del 2009 en sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2010, pero no se pudo debatir ni votar en la Cámara porque dichas enmiendas fueron vetadas por el Gobierno.
La otra propuesta novedosa, la creación de créditos directos del ICO de hasta 200.000 euros cuyo riesgo es asumido al 100% por el Estado, supone para el PP volver a la «banca pública», ya que las entidades financieras que los intermedien, querrán realizar el mayor número de operaciones y llevarse la comisión «sin importarles la solvencia del deudor». «Además, no se establece el volumen total del fondo», recalcan.
