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Las últimas proyecciones del Banco de España son poco optimistas con respecto a la creación de empleo: «Cabe esperar el retorno a tasas positivas de generación de empleo en los trimestres finales del próximo año». La tasa de paro volverá a aumentar en 2011, hasta rozar el 20%. Además, las mismas fuentes señalan que el crecimiento será más débil y el recorte del déficit público, más lento. Por otra parte, el organismo asegura que la temida subida del IVA tendrá un impacto limitado en el poder adquisitivo. Leemos en El País, que las conclusiones del Banco de España es el resultado de unas previsiones que se acercan al pronóstico oficial en 2010, pero lo empeoran de forma significativa en 2011. Mientras que para este año el vaticinio sobre la evolución del PIB es similar -el Gobierno prevé un retroceso del 0,3%, el supervisor lo sitúa en el 0,4%-, la diferencia para el próximo año es sensible: el Banco de España rebaja a más de la mitad (del 1,8% al 0,8%) la estimación de crecimiento de 2011. Estas previsiones se alinean con las de otros organismos como el FMI o la Comisión Europea que tampoco están de acuerdo con el optimismo del Gobierno en materia económica. Por otra parte, en lo relativo al empleo, el Banco de España cree que la destrucción de puestos de trabajo encadenará al menos tres años (del tercer trimestre de 2008 al tercer trimestre de 2011). Y que la tasa de paro no sólo no bajará, sino que aumentará hasta rondar el 20% el próximo año. Con estos datos, la corrección del déficit que dibujan esta entidad y el ejecutivo son bastante diferentes. Según el organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el ajuste del saldo público será mucho más lento de lo anticipado por Economía en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas. Las cuentas del servicio de estudios sitúan el déficit de 2011 en el 9% del PIB, cuando Economía cree que se quedará en el 7,5%. De confirmarse, la nueva previsión del Banco de España haría casi imposible que el Gobierno lograra su objetivo presupuestario de 2013, pese al cuantioso plan de reducción del gasto público (50.000 millones) previsto para los próximos cuatro años. 
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