El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) asegura que las ayudas directas a los compradores de vehículos derivadas del Plan 2000E tienen que declararse como ganancias patrimoniales y tributar con el resto de renta general en la Campaña de Renta 2009.

«En ningún sitio se dice que no tributen», señaló el gerente del Reaf, Luis del Amo, quien explicó que se declarará la ayuda estatal que recibe directamente el contribuyente, lo que supone los 500 euros que financia el Ministerio de Industria.

De hecho, las subvenciones percibidas para adquirir vivienda también son ganancias patrimoniales y tienen que tributar con el resto de renta general, algo que también ocurre con la renta básica de emancipación que proporciona el Ministerio de Vivienda.

El director del Servicio de Estudios del Reaf, Rubén Gimeno, repasó las novedades que incluye la Campaña de Renta de 2009, como el aumento de la exención de las indemnizaciones percibidas por trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a partir del 9 de marzo y por despidos por causas económicas o técnicas producidos a partir de dicha fecha.

Estos contribuyentes, según el Reaf, deben tener presente que la indemnización exenta es mayor que antes (45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades) pero que la empresa habrá declarado exenta sólo la correspondiente a 20 días con un máximo de doce mensualidades y habrá retenido en consecuencia, por lo que se producirán discrepancias entre los datos que se declaren por el contribuyente y los de Hacienda.

Entre otras novedades, Gimeno destacó la reducción de un 5% del rendimiento neto a empresarios en módulos y la del 20% para empresarios y profesionales con una cifra de negocios inferior a 5 millones de euros y con menos de 25 trabajadores que no hayan destruido empleo.

Asimismo, resaltó el incremento del 5% al 10% del porcentaje de gastos por provisiones y de difícil justificación para agricultores y ganaderos que determinen su rendimiento neto en estimación directa simplificada y la no obligatoriedad de documentar operaciones vinculadas a personas físicas y pymes cuando el importe conjunto no supere los 100.000 euros.

En este sentido, el Reaf cree que esta última medida es positiva, pero no suficiente para solucionar el problema creado y cree que habría que eximir a las pymes de documentar las operaciones vinculadas internas.