Una regulación del empleo sumergido, que aglutina a cerca de un millón de personas en España, a través de ventajas fiscales y cambios en las normativas laborales vigentes, crearía 700.000 nuevos puestos de trabajo no deslocalizables en cinco años, según revela un informa de AESP.
Según este estudio, se trataría de equiparar el coste que acarrea para las familias contratar servicios a la persona (SAP) (como un profesor particular, pequeñas reparaciones del hogar o una asistenta) a través de empresas cualificadas
Para el presidente de la asociación, Javier Benavente, «las personas que hoy en día ejercen este tipo de labores y no están cotizando pero sí están disfrutando de todos los derechos que aporta el Estado de bienestar en el que viven, regularían su condición y satisfacerían las necesidades de la sociedad actual, que reclama unos servicios que, en situación de crisis, pueda pagar».
Asimismo, el informe recoge que la economía sumergida se situará en 2010 en torno al 23 por ciento del producto interior bruto (PIB), lo que supondría «unos 240.000 millones de euros fuera del control de Hacienda, de los que se estima que el 60 por ciento corresponden a los SAP». Por ello, la asociación considera «crucial» adoptar nuevas medidas que hagan accesibles este tipo de servicios y «aflorar el empleo sumergido».
La AESP subrayó que estas demandas son «imprescindibles para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la sociedad». En este sentido, Benavente propuso «situar el IVA al cero, contar con deducciones en el IRPF y disminución de cotizaciones sociales para los empleados del sector» con el fin de que «el coste de la economía sumergida sea similar al coste de la economía real».
