Asimismo, el Partido Socialista y el Partido Popular sumaron fuerzas para impedir la tramitación del decreto ley para evitar la tramitación del decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. 
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el decreto por el que se reforma la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) con los votos del PSOE y PP, y el rechazo de ERC, IU, ICV, BNG, Nafarroa Bai y UPyD, mientras que CiU y PNV optaron por la abstención.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, defendió que las cajas de ahorro cumplen una función esencial y han sido «motor del crecimiento» con balances que suponen la mitad de depósitos y crédito vivo en el país, y cuya evolución ha llegado a un momento «fundamental» debido a la crisis financiera que, aunque pudieron solventar en un primer momento, ha conducido a una «creciente morosidad» que ha hecho necesaria una «reordenación» del sector de las cajas.
El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, señaló, pese a que la reforma incorpora aspectos «muy positivos» para el sector financiero, PSOE y PP han actuado a espaldas de Gobierno y vulnera las competencias de las comunidades autónomas, en especial Las incluidas en el Estatut de Cataluña, y solicitó que se tramite como proyecto de ley para corregir estas cuestiones.
Su homólogo en el PNV, Pedro Azpiazu, señaló que las cajas necesitan «quitar lastre» para afrontar la crisis y mejorar su capacidad de financiación pero incluye una alteración de la naturaleza de las entidades y las competencias autonómicas «que hacen imposible» para los nacionalistas vascos prestarle apoyo, por lo que se inclinó por la abstención.
El diputado ‘popular’ Álvaro Nadal advirtió de que el sistema financiero presenta problemas como el riesgo «crédito a crédito» de las entidades, que no será detectado en los ‘test de estrés‘ y que no resuelve el decreto ley. No obstante, y aunque «queda mucho por hacer» sí se atiende a problemas capitales y «abre enormes posibilidades», por lo que el PP ha aceptado un acuerdo «que supera intereses partidistas y presiones territoriales».
