La Cámara de Comercio de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) se sumarán como acusación particular al proceso penal que se inicie contra los controladores aéreos y estudian pedir el embargo de los bienes de estos profesionales.
Así lo ha anunciado el presidente de la Cámara y de CEIM, Arturo Fernández, tras un encuentro mantenido con varias asociaciones de empresarios madrileños que se consideran directamente perjudicados por el parón aéreo.
Fernández ha explicado que las acciones legales se emprenden por el perjuicio que supuso «la huelga salvaje» para la economía madrileña con la pérdida de 20 millones de euros al no recibir a cerca de 65.000 turistas. Además, ha reseñado que la «marca España» y la «marca Madrid» ha sufrido un gran deterioro por culpa de los controladores. «Los daños empresariales han sido importantes y ahora toca resarcir a los perjudicados», ha recalcado.
«Esta huelga salvaje fue contra toda la sociedad, contra los empresarios y contra los trabajadores. Queda claro que la huelga no sólo la pagaron los ciudadanos y no puede volver a ocurrir. Nos han hecho pensar que somos tercermundista», ha recalcado.
En cifras, se calcula que el sector podría haber perdido cerca de 14 millones de euros solo en la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que la media de compra se calcula en 215 euros por persona. De esa cantidad, el 39 por ciento corresponde al sector textil; el 28 por ciento a la joyería; el 12 por ciento a regalos; el 7 por ciento a calzado; el 3 por ciento a aparatos de comunicación y el 1 por ciento a peletería.
