El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece el régimen jurídico y los procedimientos para que las agencias de colocación puedan colaborar con los Servicios Públicos de Empleo en la intermediación, preservando el carácter público de la misma.
La regulación tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo mediante una coordinación eficaz entre agentes de intermediación públicos y privados, para facilitar a los desempleados el acceso a un puesto de trabajo.
La propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, pretende disponer de agencias de colocación «potentes y eficaces» que contribuyan a «casar» ofertas y demandas laborales de forma más efectiva. Asimismo, independientemente de que las agencias sean públicas o privadas, deberán ofrecer servicios gratuitos para los trabajadores, así como atender a todas las personas desempleadas y respetar la igualdad de trato y no discriminación en el empleo.
Este Real Decreto se enmarca en el objetivo del Gobierno de mejorar la intermediación laboral, que es uno de los ejes de la reforma de las políticas activas de empleo, junto a la orientación y el reciclaje profesional de personas ocupadas y desempleadas.
