Aunque en los últimos meses ha recibido presiones en este sentido, el Gobierno ha declarado que no contempla desarrollar una nueva Ley de Huelga que garantice el cumplimiento estricto de los servicios mínimos.
En una respuesta parlamentaria al portavoz de empleo de CiU en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, el Ejecutivo recuerda que cualquier actuación en este campo «debería contar con el apoyo de los agentes sociales» algo que sobra decirlo, por el momento no se cuenta.
En este sentido, recuerda que la «Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social», firmada el 29 de julio de 2008 por el Gobierno y los interlocutores sociales para marcar formalmente el inicio de un nuevo proceso de diálogo social tras las elecciones generales, no alude a esta cuestión.
Los documentos aprobados en febrero y abril de 2010 para definir las líneas de actuación en el mercado de trabajo para su discusión con los interlocutores sociales siguieron la misma línea, no haciendo ninguna referencia a una revisión de la normativa, reclamada por diversas formaciones como PP, CiU y ERC tras el conflicto laboral en el Metro de Madrid el pasado verano.
El debate se ha reavivado en los últimos meses con la huelga general del pasado 29 de septiembre y las amenazas de los sindicatos de convocar otra este mes por la reforma de las pensiones, así como por el conflicto por el ‘plante’ de los controladores el pasado Puente de la Constitución, que provocó la declaración del estado alarma y su posterior prórroga, que aún sigue en vigor.