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Martes, 28 Septiembre 2021

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El Gobierno reforma la Ley Concursal

El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, que refuerza los procesos ‘pre-concursales’ al favorecer los acuerdos de refinanciación previa de las empresas para conseguir su viabilidad y evitar que acaben en declarando su insolvencia.

Sefún Alfredo Pérez Rubalcaba, la nueva legislación «llega para aliviar los trámites judiciales, otorgar mayor garantía a los derechos de los trabajadores y mejorar el funcionamiento de la administración, así como del sistema económico».

La nueva Ley Concursal favorecerá los acuerdos previos de refinanciación en favor de la viabilidad de las empresas, ya que trata de conciliar la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la situación de solvencia empresarial, ofreciendo salidas al deudor al margen del proceso concursal.

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales este proyecto de ley para su aprobación definitiva, prevista para antes del verano. La futura ley perfecciona la reforma efectuada mediante Real Decreto Ley de 27 de marzo de 2009, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal.

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El Proyecto pretende evitar que los procesos concursales acaben en liquidación estableciendo alternativas al concurso, desarrollando el procedimiento abreviado o simplificado, aumentando las atribuciones de la administración concursal e incluyendo reformas en materia laboral.

Respecto a los procesos ‘pre-concursales’, la ley facilitará las propuestas anticipadas de convenio, impulsará los acuerdos extrajudiciales de refinanciación e incrementará las posibilidades de que los acreedores que no intervienen en el acuerdo puedan satisfacer en mayor medida sus créditos.

Para ello, por un lado, se aclara la exclusiva legitimación de la administración concursal para impugnar acuerdos de refinanciación; y, por otro, se hace una nueva regulación sobre los acuerdos de este tipo que pueden homologarse ante el juez.

Esta homologación judicial permite extender los efectos del acuerdo a otros acreedores, aunque se hubieran mostrado en contra o no hubieran participado en el acuerdo, con la certificación de un experto independiente.

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