El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el anteproyecto de ley de Servicios de Atención al Cliente por el que obligará a las empresas el disponer de un número 900 (gratuito para el consumidor) desde el cual atender a sus clientes.
Esta nueva ley en principio afectará exclusivamente a las grandes empresas que prestan servicios al usuario final, quedando excluidas de la misma las pymes y las empresas que puedan demostrar que se encuentran en pérdidas.
La nueva Ley tiene el objetivo claro de impedir que el servicio de atención al cliente no sólo no resuelva adecuadamente y en un tiempo razonable las demandas de los clientes, sino que suponga ingresos adicionales a través de los números telefónicos de pago impuestos mayoritariamente para acceder a los SAT.
Bajo este número gratuito las empresas tendrán que implantar un sistema de gestión unitario o centralizado para garantizar la constancia de las quejas, reclamaciones e incidencias presentadas. Un teléfono que deberá contar con ‘personal formado’ desde donde se facilite el seguimiento de su tramitación, explica la agencia Europa Press al servir la información.
